Los datos fiscales del sector público nacional de febrero volvieron a mostrar dificultades, tanto en la recaudación como en el gasto. Con implicaciones para un año electoral, para la caja y para el cumplimiento de la meta trimestral con el FMI, la peor sequía en 60 años es el principal telón de fondo. Este escenario requiere tener un espíritu como un ciervo: bien despierto.

En el segundo mes de 2023, el resultado fiscal volvió a mostrar un nivel de déficit superior al esperado de 228 mil millones de pesos. El gasto alcanzó los 1,8 billones de pesos y retornó a cifras negativas, aunque a un menor ritmo de caída (3,7 por ciento de caída real). Destacan dos cuestiones: a) la deuda flotante cayó por segundo mes consecutivo, lo que significa que hubo “pagos atrasados” para 2022. Excluyendo este efecto, el gasto habría caído un 6,8 por ciento; b) la obra pública aumentó 70 por ciento en términos reales, impulsada por energía y vivienda.

Los ingresos alcanzaron los 1,6 billones de pesos y aceleraron fuertemente su caída, cayendo 8,3 por ciento en términos reales. En este marco, se puede observar que mientras la recaudación tributaria a través del impuesto a la renta se redujo en 2 por ciento por el efecto salario, el IVA sigue creciendo en 2 por ciento. Esto permite entender que el consumo aún no ha visto el impacto de la caída de la actividad económica. Sin embargo, el factor principal que se destaca en las ganancias es la caída de los derechos de exportación en casi un 75 por ciento en términos reales (debido al choque de sequía exógeno y la falta de existencias de soja).

El impacto de la sequía es bien conocido, su magnitud es preocupante: los rendimientos esperados están por debajo de los mínimos históricos para la soja y el maíz, con una caída de la producción de soja y maíz del 44,4 por ciento y de esta última de 16 millones de toneladas. . La relación entre la sequía y la caída de los derechos de exportación es lineal y es importante recordarla. No solo afecta los ingresos en dólares, afecta los ingresos en pesos que se recaudan a través de las retenciones y, por lo tanto, afecta las cuentas públicas.

En resumen, si olvida por un momento lo que significa una disminución del gasto en un año electoral, simplemente tenemos un problema de efectivo: el gasto está cayendo, lentamente, al 3 por ciento, y los ingresos están cayendo, rápidamente, al 8 por ciento. . No compensa.

Este escenario nos lleva al último punto: es necesario renegociar la meta fiscal fijada por el FMI. En el primer trimestre se espera un 0,30 por ciento del PIB (441,5 millones de déficit), ya se ha gastado un 0,29 por ciento (432,1 millones) y falta marzo. Algo así como recibir el pago el día 20 del mes. Cumplirlo requeriría un ajuste de 500 mil millones de pesos para marzo. ¿Problema? Por el lado del gasto y en medio de un escenario inflacionario, no hay reserva para crear otro agujero en el cinturón. Por el lado de los ingresos, cabe recordar que marzo es el mes con la peor estacionalidad fiscal del trimestre. Y que una reforma progresiva del sistema tributario, que permita lograr una mayor solidez de las cuentas públicas, requerirá o consenso político… o valentía.

Si no es posible cambiar la meta, la única forma de cumplir, y seguramente será la forma en que va el gobierno, es utilizar un margen de deuda flotante, lo que nos dejaría con una especie de lema inverso: «Lo que puede hacer hoy, déjelo para mañana».

Nuestro país ya conoce las consecuencias de perseguir el equilibrio fiscal sin equilibrio social. La economía se encamina hacia una dinámica recesiva que ha comenzado a afectar el nivel de recaudación y los requerimientos del fondo no pueden contribuir a ello (agravados por los efectos de la guerra en Ucrania y el hecho de que hoy hay sequía). Aquellos que históricamente se han preocupado por un sobrecalentamiento de la economía deben saber que incluso los motores se rompen con el frío.

El cambio climático nos muestra que los campos se están secando. Las cuentas nos muestran que la economía también.