El gobierno de Cambiemos 2015/2019 tenía un programa económico para la industria denominado Plan Nacional de Producción, que detallaba qué sectores eran considerados de «baja competitividad», unos «latentes» (con posibilidad de rescate), otros «sensibles» (sin salvación) que debían pasar por un «proceso de transformación» (salida del negocio) para volverse «más eficientes».

Casi 400.000 trabajadores de diversos sectores manufactureros estaban condenados a perder su empleo, según recoge el citado trabajo, que en su momento se denominó Plan Australiano, pues supuestamente tomaba como referencia la reconversión industrial de este país oceánico.

Entre estos sectores «sensibles», la propuesta de Cambiemos menciona a las industrias textil, calzado, electrónica de consumo y muebles -que apoyaron a muchos de los actuales directivos de Juntos por el Cambio.

Las actividades con «baja competitividad» pero en la categoría «latente» incluyen automóviles y autopartes, maquinaria agrícola y productos farmacéuticos. En este caso, en lugar de la extinción casi total de la industria, se proponía elegir la más adecuada, de modo que los especialistas en alguna rama de la industria o la absorción de sus competidores entraran en los rangos de “competitividad” que pudiera sobrevivir a importaciones indiscriminadas.

El documento de 174 páginas, que describía estos y otros detalles del plan, fue circulado solo de manera «confidencial» entre los funcionarios de las áreas involucradas, aunque hubo filtraciones que permitieron que llegara incluso a los sectores afectados por la brutal operación de ajuste industrial que se iba a realizar. Cuando se les solicitó a los líderes de Cambiemos aclaraciones sobre el tema, en general negaron su existencia.

Luego de mencionar en el Panorama Económico de esta semana la existencia de este plan de producción nacional al inicio del gobierno de Cambiemos, varios empresarios recordaron este documento y trajeron a este diario copias o extractos del mismo, cuyo contenido se refleja en esta nota.

Entre los funcionarios que llevarían a cabo esta “transformación” de sectores -eufemismo de desaparición- se encuentran los apellidos de Prat Gay, Caputo, Surzennegger, Cabrera, Triaca, Sánchez Zinny, Aguad, asociados al plan financiero (cierre de plantas), Ibarra, Braun (reformas tributarias, reducción y burocracia de oficinas, transformación del trabajo), aile, Cabrera y Malcorra (Inserción inteligente en el mundo). Todos los miembros de los gabinetes de Mauricio Macri en algún momento. Y en el caso de las referencias económicas, también asociado al proceso de endeudamiento y la firma del contrato con el FMI en 2018.

“Los sectores transables muestran diferencias en su fuerza competitiva y por ende la necesidad de reconversión”, señala el documento en la presentación de uno de sus capítulos.

El parámetro para medir la capacidad de existencia de cada sector fue la «competitividad internacional». Con base en esta calificación, concluyó que los sectores que podrían entrar en sala entre los «altamente competitivos» se encontraban Aceites de origen vegetal, Productos de Molinería y Productos Lácteos.

Un escalón por debajo, la «competitividad intermedia» o también «nichos competitivos», se encontraban la biotecnología, el software y los servicios profesionales. Luego venían los de la mencionada baja competitividad, divididos entre «latentes» y «sensibles».

El Plan Productivo Macrista también estima el impacto en la fuerza laboral, medida como la proporción de trabajadores de cada grupo que se vería afectado (empleados de actividades o empresas a cerrar). En sectores «sensibles», 255.000 trabajadores perderían su empleo por la apertura de importaciones, lo que corresponde al 31 por ciento del total de empleados en ellos. En el número «latente» de 109 mil trabajadores, es decir, no menos del 38 por ciento de los empleados en las empresas involucradas. Mientras que entre los que trabajaban en «nichos competitivos» también se estimó una «conversión parcial», desplazando a unos 24.000 trabajadores: 18 por ciento.

El mecanismo de «remoción» o expulsión de empresas consistió en un instrumento activo, la apertura de importaciones y un «facilitador» interno, reformas legislativas para reducir el costo de los despidos y préstamos para asegurar la liquidación inmediata de la empresa.

El gobierno lo propuso entonces a los sectores que sufrieron las consecuencias de la avalancha de importaciones. Dos ejemplos específicos que se mencionaron al recopilar información para esta nota son los casos de la industria electrónica en Río Grande (Tierra del Fuego) y la industria textil AMBA, que recibieron la misma propuesta de altos funcionarios del gobierno de Cambiemos.

Un caso específico de la «reconversión» que formula el plan es el caso de la industria textil y de la confección, donde se puede ver en detalle cómo se iba a producir la desaparición paulatina de diversas industrias y seleccionar sólo las firmas con mayor capacidad exportadora. Es fácil concluir que éstos serían los relacionados con el capital extranjero.

El capítulo propone como objetivos cualitativos para el sector “Generar una transformación del modelo de cadena productiva de valor, hacerlo más competitivo (…). Convertirse en un exportador relevante de prendas de vestir, producir localmente insumos y productos de calidad y desarrollar la cadena de valor de fibras naturales”.

Y luego sugiere el siguiente plan de apertura de importaciones para completar el resto:

* Fibras e hilos sintéticos. Apertura gradual hasta el pico a partir de 2017 (año después de la presentación del plan)

* Hilo de algodón. Apertura gradual hasta pico a partir de 2019

* Telas. Apertura gradual hasta pico a partir de 2021

* Ropa y prendas de vestir. Apertura paulatina hasta alcanzar el máximo a partir de 2023.

Un excelente ejemplo de desindustrialización programada por parte de quienes se postulan nuevamente para el gobierno.