El miércoles pasado, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la implementación de tres decretos destinados a enfrentar los efectos de la sequía, promover el empleo, mejorar las exportaciones y, en consecuencia, incrementar las reservas internacionales.
Massa enfatizó el carácter inédito de la actual sequía: “Tenemos que enfrentar la peor sequía de la historia de Argentina. Si uno busca en los registros, encuentra el último de 1922 y no encuentra una comparación en cuanto a efectos climáticos y productivos que nos pueda mostrar una situación similar a la que estamos viviendo”.
En ese marco, la ministra se refirió al primero de tres decretos que introducen la «suspensión automática de las ejecuciones tributarias y bancarias mientras dure el estado de alarma y la percepción de anticipos o anticipos de impuestos recaudados por el Estado». “Que estos 69.000 productores sientan que el Estado argentino no solo los ayuda con un aporte a fondo perdido, sino que les facilita cada vez más el acceso al mercado crediticio para que puedan afrontar lo que anhelamos para un mejor etapa a partir de mayo. con la llegada de las lluvias», agregó.
Con la segunda orden, el gobierno renueva el Programa de Fomento de las Exportaciones, que fija un tipo de cambio fijo de USD 300 para los productos de soja y sus derivados durante 45 días. Se estima que existe un excedente de la cosecha anterior no liquidada que rondaría los US$6.000 millones (soja y maíz). La medida busca atender uno de los problemas recurrentes de Argentina: la falta de divisas, que actualmente se ve agudizada por una sequía sin precedentes. Sobreendeudado bajo el gobierno de Mauricio Macri, el país refinancia exitosa y laboriosamente su deuda en un escenario donde factores externos afectan la marcha de la economía que no pueden ser atribuidos a las políticas implementadas. La pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania y la sequía sin precedentes no son responsabilidad de la gestión gubernamental. Pero el gobierno debe darles respuestas. Es en ese marco que se ofrece a los sojeros que si liquidan la producción que han recaudado, podrán hacerlo a un dólar cada $300 hasta el 31 de mayo.
Paralelamente, el Programa de Fomento de las Exportaciones se incorporó a las economías regionales, que son grandes empleadoras, con aproximadamente 338.000 empleos formales. En este caso, la medida estará vigente desde el 8 de abril hasta el 30 de agosto. Para ingresar al programa, las economías regionales deben cumplir con tres condiciones: mantener el empleo, participar en el programa de precios justos y mantener el volumen y la oferta en el mercado interno.
En ese sentido, Massa afirmó que «esos son los tres principales problemas que tenemos para abrir nuevos mercados, para aumentar el volumen de exportaciones, para tener una mayor acumulación de reservas, pero también para poder garantizar que los argentinos consuman los alimentos que necesitan». a un precio razonable». precio justo.» Están hechos en Argentina.»
Según el ministro, el tercer decreto está dirigido a aquellos exportadores que no juegan limpio. “Si bien hay un plazo de 180 días para liquidar las divisas y hay muchos que intentan liquidarlas, otros están especulando y defraudando al Estado. Según él, faltan unos US$3.700 millones por el incumplimiento de la norma por parte de las empresas. Existe un mecanismo para que estas empresas y sus directores suspendan el CUIT y corten el acceso al mercado de valores si no liquidan sus exportaciones después de 30 días de emitido el decreto. Esta es una medida más estricta que la tomada por el gobierno. No se puede obligar a las empresas a exportar, pero sí a liquidar las divisas de lo que ya han exportado.
En otro orden de cosas, se conocieron dos sentencias de tribunales extranjeros contra la Argentina. Uno de ellos por la renacionalización de YPF. Ocurrió en el mismo juzgado de Nueva York donde se dictó la sentencia del fondo buitre. Se trata de un fallo judicial que no fija el monto de lo que debe pagar el país, contrario a lo señalado por importantes medios locales. Estos reparten el número al que aspiran los prestamistas. Pero la sentencia dice claramente que no hay elementos para pensar cuál es el monto. El fallo también dice que YPF está exenta de la demanda: es un asunto del Estado-nación, que tiene inmunidad soberana y por lo tanto sus bienes no pueden ser ejecutados en terceros países. Además, se trata de una decisión de primera instancia, y Argentina aún tiene ante sí varios recursos. El motivo se instala en un intento de mostrar que la sentencia es consecuencia de la nacionalización de la empresa. Pero el problema es anterior: el problema fue que lo privatizamos. En todo caso, la sentencia es consecuencia de la privatización, no de la nacionalización. Si Juntos por el Cambio tuviera la oportunidad de gobernar, seguramente volvería a la privatización y volvería a paralizar el país.
En el caso de la sentencia de Londres sobre pagos de cupones de PBI, Argentina fue condenada por supuesta falsificación de datos. Pero, ¿cómo determinaron los jueces la supuesta falsificación del PIB? Los asesores privados no tienen suficiente información para estimar esto. Incluso el propio gobierno de Macri calculó un crecimiento en 2013 de 2,4%, cifra que el INDEC mantiene hasta el día de hoy. Tomando las estadísticas finales del PIB reportadas por el FMI, las cifras de crecimiento son las siguientes: 2012: 0.9%; 2013: 2,9%; 2014: 0,5%; 2015: 2,5% y así podemos seguir. Además, recuerda que el cálculo es acumulativo: si hay menos crecimiento en un año, ese aumento se debe compensar en el año siguiente para que el crecimiento acumulado sea al menos del 3,2% anual y se pague el cupón. No hay forma de entender una orden judicial que desencadenaría el pago. No sorprende que los tribunales de Londres y Nueva York fallen casi simultáneamente en contra de Argentina en un año electoral.
El gobierno enfrenta diversos problemas y los resuelve con una serie de medidas que no pierden de vista la estrategia general: impulsar el modelo de país con crecimiento, inclusión y distribución.
* Diputado Nacional por el Frente de Todos y Presidente del Partido Solidaridad.
