Esta semana se cumple un año desde que el presidente Alberto Fernández presentó el proyecto de ley “Cuidados para la Igualdad”, una iniciativa que busca redistribuir equitativamente las tareas de cuidado para mejorar la vida de las personas que cuidan, son cuidadas o quieren ser cuidadas. Su objetivo era ampliar los permisos de maternidad, paternidad y adopción e implantar un sistema de atención integral para que estas tareas no recayeran siempre en las mujeres. El proyecto fue presentado a la Cámara de Diputados el Día del Trabajo, pero no fue discutido en las comisiones. El Ministerio de la Mujer junto con Unicef, OIT y ONU Mujeres lanzaron una campaña para solicitar su tratamiento.
Hoy, en Argentina, las mujeres dedican un promedio de 6 horas 31 minutos al trabajo no remunerado, mientras que los hombres solo 3 horas 40. Esta diferencia profundiza el empobrecimiento y la diversidad de las mujeres, ya que limita su desarrollo personal, profesional y laboral, o sus oportunidades de participar en el ámbito político y sindical de aumento de las diferencias salariales, laborales y de participación. El proyecto de ley sobre “igualdad de cuidados” reconoce los cuidados como un derecho, una necesidad y un trabajo y, entre otras cosas, apuesta por un reparto más justo de la carga de cuidados, que hoy recae mayoritariamente sobre las mujeres.
Propone una extensión de la licencia para mujeres y otras personas embarazadas, que pasará inmediatamente de 90 a 126 días (como propone la Organización Internacional del Trabajo); licencia para padres y otras mujeres no embarazadas de 2 a 90 días gradualmente durante 8 años; crear un subsidio para las personas embarazadas y no embarazadas que sean contribuyentes individuales, contribuyentes sociales y trabajadores por cuenta propia, y una licencia de adopción para todos los regímenes de trabajo.
Además, el proyecto crea un Sistema de Atención que registra, reconoce y paga la atención comunitaria, la atención al adulto mayor y busca un cambio real: la construcción de espacios de atención. propone la inclusión de un sistema de cuidadores domiciliarios de personas mayores en el plan de tratamiento obligatorio; registro de espacios comunitarios y remuneración de cuidadores comunitarios; y destina el 8,5 por ciento del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas de la Nación a la ampliación de la infraestructura de atención (centros de desarrollo infantil, jardines infantiles, hogares de ancianos, guarderías).
La economía del cuidado es la dimensión económica de las tareas que las personas realizan a diario, como comprar, cocinar, limpiar la casa, cuidar a otras personas (niños, niñas, niños, ancianos o discapacitados que requieren apoyo) y realizar tareas comunitarias u otras tareas en el barrio. Estas actividades pueden tomar diferentes formas: basadas en lazos familiares o comunitarios y por lo tanto no remuneradas, proporcionadas por el sector público, o pueden ser comercializadas y compradas en el mercado.
Este concepto se vuelve más complejo cuando entendemos que en nuestra sociedad actual, las tareas asociadas al trabajo de cuidado están infravaloradas, muy feminizadas y en muchos casos no remuneradas. Cuando hablamos de cuidados, nos referimos al núcleo duro de la desigualdad de género. La distribución de los cuidados entre los actores sociales es injusta, recayendo mayoritariamente en las familias y dentro de ellas en las mujeres, travestis y personas trans u otras identidades feminizadas, quienes al dedicar tiempo a estas tareas restan tiempo a invertir en su formación y jornadas formativas. La organización social del cuidado contemporáneo es un factor de reproducción de la desigualdad social.
La campaña, lanzada esta semana, consiste en escribir un post «con algún dato sobre las leyes o alguna experiencia personal o cercana de cuidados junto con el hashtag #CuidarEnIgualdad» en Twitter, Facebook o Instagram.
