En Tierra del Fuego, se tomó una segunda decisión a favor del beneficiario del crédito UVA. El juez civil de Ushuaia, Sebastián Osado Viruel, ordenó al banco que otorgó el crédito limitar el valor de la cuota al 35 por ciento de los ingresos totales del grupo familiar. El ritmo de crecimiento de las amortizaciones de los préstamos con la inflación fue tal que en el caso de Melisa Solísová, una prestataria de Tierra del Fuego, pasaron del 20 por ciento original de sus ingresos al 40 y 50 por ciento en la actualidad. En marzo pasado, un juez de la ciudad de Río Grande falló en el mismo sentido. Mientras tanto, el Congreso ha estado debatiendo una solución colectiva al problema desde el año pasado.
En 2017 hubo un auge de los créditos hipotecarios UVA. Las ventas de viviendas aumentaron un 40 por ciento y el 63 por ciento de los préstamos fueron para UVA. A su vez, un total del 80 por ciento fue aportado por los bancos públicos, especialmente Nación. Eran prestamos a 20 o 30 años cuota ajustable con tasa de interés variable e índice de inflación, donde el pago inicial era muy asequible, borrando el límite histórico de entrada para este tipo de préstamo, que era más alto para las clases medias altas.
Entre el equipamiento técnico y la intensa campaña publicitaria llevada a cabo por el gobierno de turno (Alianza Macrista-Radical), muchas familias firmaron estos préstamos y vieron cómo las cuotas se hacían poco a poco impagables por el ajuste inflacionario. En el caso de la deudora Solís, pasó del 20 por ciento de sus ingresos a la representación de hoy al 50 por ciento. En el caso de Javier Vázquez, primera sentencia a favor de un deudor en Tierra del Fuego, el préstamo pasó del 13 por ciento de sus ingresos al 52.
Para comprar una casa, Solís recibió un préstamo de 2 millones de pesos en 2018 con un pago mensual de 16.000 pesos. Ahora paga una cuota de 162.000 pesos y todavía le debe al banco 17 millones. Melisa es maestra y Javier Vázquez es empleado municipal, se atrevieron a endeudarse para cumplir su sueño de tener casa propia, pero la historia terminó en una pesadilla. Varios acreditados de Tierra del Fuego y de diversas localidades del país se han organizado para respaldar demandas colectivas en los tribunales, así como para exigir la aprobación de una norma que encamine una solución colectiva al problema. Pero las propuestas yacen latentes en el Congreso, donde deliberan la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Finanzas de la Cámara de Diputados. legislación que promulgaría los reclamos de UVA, pero no logró alcanzar un consenso básico.
Según el diputado mendocino Julio Cobos, se otorgaron 75.000 créditos UVA en 2017, 80.000 en 2018, 9.000 en 2019 cuando se presente la aceleración inflacionaria y 20.000 en 2020. Muy lejos de las predicciones de 1 millón de créditos anunciadas por el presidente Mauricio Macri en ese momento.
Las «hipotecas UVA» son la red nacional más grande de prestatarios en esta modalidad y exigen del Estado una solución política, no legal, a lo que era principalmente un negocio de los bancos. Este es un punto discutible: en qué proporción los bancos y el estado pondrán el dinero que hace posible compensar a la masa colectiva de deudores. Y otros detalles, por ejemplo, de cuándo durante la vida del préstamo se considerará la reestructuración, cuál será el esquema de tasas de interés y los nuevos coeficientes de actualización de ingresos.
Por ciento 35 por ciento de los ingresos definido en estas sentencias fueguinas se desprende de la última norma que el Estado sancionó respecto de estos préstamos, cuando estableció en 2020 que las cuotas no deben exceder un porcentaje determinado de los ingresos de los prestatarios y codeudores, y también estableció un congelamiento de las cuotas entre abril 2020 y enero de 2021 debido a la crisis económica provocada por la pandemia. El caso de los prestatarios de la UVA se registra como un capítulo más de la crisis de la vivienda, el monto y condiciones de los alquileres y la dolarización del valor de las viviendas.
