El gobierno lo reguló parcialmente Ley de Reparaciones Históricas a la Agricultura Familiar después de nueve años desde su adjudicación. Una ley considerada «fundamental» para el sector, que fue impulsada en 2014 cuando Emilio Pérsico era ministro de la Agricultura Familiar, y que ahora da algunos pasos, quedando sin reglamentar la mayor parte de sus artículos. El eje de la normativa sancionadora es creación de un banco de tierras facilitar el acceso a los pequeños productores y un centro de producción y distribución de semillas.
De los 36 artículos que componen el proyecto de ley, sólo nueve han sido implementados y los otros cuatro incompletos. No se modifican los objetivos generales y específicos de la Ley (artículos 3 y 4). Ni el artículo 13, que llama a la inclusión de los productores familiares como sujetos en toda política o programa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ni el artículo 15, que habla de “acceso a la tierra”. Se fomenta la producción y comercialización de la agricultura familiar (artículo 21), pero se olvidan los incentivos ecológicos que la ley podría permitir (artículo 20).
Así que desde entonces Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Infaci), dependiente del Jefe de Estado Mayor, consideró que el reglamento establece “la procedimientos para afectar a estas fincas rústicas las cuales, por sus características específicas y técnicas, se encuentran aptas y disponibles para su incorporación en coordinación con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) al Banco de Tierras para la Agricultura Familiar que establece la citada ley”.
AABE se incorpora como consultor permanente y debe informar periódicamente sobre la disponibilidad de «tierras rurales» al organismo de aplicación de la ley Infaci creado el año pasado. Estas parcelas se pueden comprar, arrendar o donar a los productores.. El gobierno planea lanzar oficialmente el banco de tierras en un mes.
Por otro lado, la Federación de Organizaciones Nucleares de la Agricultura Familiar (Fonaf), que también participó activamente en las distintas etapas de redacción de la ley, celebró que el banco pasara a la órbita del Infaci. Pero cuestionaron la composición del Consejo de Coordinación de Políticas Públicas para la Agricultura Familiar, cuya secretaría técnica será Infaci, porque no tiene garantizada la participación de territorios, organizaciones sociales o comunidades. Por lo que existe el riesgo de que los requerimientos de la industria o sus problemas no sean adecuadamente viables.
Para identificar a los beneficiarios potenciales por ley, los agricultores familiares deben estar acreditado de forma individual o asociativa en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf). Por su parte, el reglamento establece que “las mujeres y las personas de diferente género serán los sujetos preferentes en la valoración de los inmuebles por parte del Banco de Tierras”.
Otro aspecto importante de la normativa es el diseño e implementación de programas específicos de producción y comercialización para la agricultura familiar, campesina e indígena y solicitud de puesta en marcha del Centro de producción de semillas autóctonas (Ceprosena) que tendrá como objetivo registrar, producir y suministrar semillas autóctonas en todo el país y que permitirá la desmonopolización de la entrada.
Para Juan Pablo della Villa, z Sociedad Cooperativa Soberana de Alimentos (ECAS)esto abre la posibilidad de “dejar de pagar 30 o 50.000 pesos por un paquete de 100 semillas de tomate, insumos y tecnología para la producción: dolarizamos de nylon a semilla, y esto condiciona a las familias productoras a mejorar en calidad y cantidad. Y también genera inflación y costos adicionales, además de importar herramientas, insumos y materiales, que sería más trabajo, más arraigo, más producción”.
Queda mucho por hacer en términos de una discusión real sobre el modelo de producción y comercialización de alimentos en el país, advierte della Villa.
Aimé Almada z Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) enfatizó la decisión política de avanzar en la regulación de la ley, pero reconoce que Esta situación es crítica para la producción familiar, campesina y doméstica. Reflexionó sobre tratar de mejorar el acceso a la tierra para los pequeños productores, al tiempo que señaló el problema actual del desplazamiento de la frontera agrícola.
“La aplicación efectiva de esta ley será esencial ya que tenemos casos como este Ley de Tenencia Rural eso Afecta también al sector pero no se cumple«, el Advierte. El impacto presupuestario que tienen los programas incluidos también es relevante, aclara Almada, pero aún no hay precisiones.
