Producción: Natali Risso
————————————————– —————–
la cuestion del pais
Por Florencia Gómez
La reforma constitucional en Jujuy se tramita actualmente a través de un amparo colectivo interpuesto por la Multisectorial contra la reforma constitucional. Además del contenido del texto reformado, también se cuestiona el proceso llevado a cabo, en el que se destaca la inobservancia de la consulta previa libre e informada a la población indígena, tal como lo establece el Convenio No. 169 de la OIT sobre Jerarquía Supralegal.
Cabe recordar que el Gobernador Gerardo Morales se retiró de las disposiciones expresas sobre indígenas, sin perjuicio de las disposiciones relativas a los recursos naturales, y por ende a la tierra y territorio, que afectan directamente la vida de las comunidades indígenas.
Tal es el caso del artículo 67 reformado bajo el título “Dominio Indígena de los Recursos Naturales”, en el cual la provincia de Jujuy ratifica la propiedad exclusiva y cede competencias al Estado Nacional bajo el pretexto de promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Cabe aclarar que dominio y jurisdicción son términos diferentes, dominio se refiere a la propiedad de una cosa mientras que jurisdicción se refiere a un conjunto de facultades o facultades. La disposición constitucional debe leerse en concordancia con las demás que regulan la materia de que se trate. Es decir, el artículo 124 del Código Penal en una palabra cuando dice “El dominio originario de los recursos naturales corresponde a las provincias”
deben interpretarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 y el artículo 75, inciso 17. La hermenéutica de conformidad con el ordenamiento constitucional ambiental e indígena significa el reconocimiento de la existencia de competencias concurrentes entre los diferentes niveles del Estado (nación y provincia) para preservar la riqueza de la naturaleza y garantizar los derechos humanos.
El texto reformado tiene un impacto directo en los derechos territoriales de los pueblos indígenas en cuanto a las iniciativas de minería de litio, la protección de los humedales andinos de altura, la gestión del agua y la participación comunitaria en estas decisiones, más aún considerando a los Nobel. Vigencia del Acuerdo de Escaz en Argentina. En este sentido, el Convenio 169 de la OIT lo establece en su artículo 6
«Los gobiernos deberán: consultar a los pueblos interesados mediante los procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones representativas, siempre que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos directamente».
En el tema de tierra y territorio, la reforma regula el régimen de tierras fiscales, que son tierras pertenecientes al Estado y en las que las comunidades indígenas reclaman el reconocimiento de la tenencia y propiedad comunitaria.
Cuando se trata de suelo público, la reforma impone un claro sesgo productivista, al igual que la norma original. Sin embargo, deja abiertos a una ley posterior los criterios para la tasación y titulación de las tierras públicas, de acuerdo con el interés socioeconómico de la provincia, eliminando la disposición sobre la necesidad de interés social de la Ley de Desarrollo.
La reforma también elimina los criterios objetivos para la asignación de tierras y los requisitos de procesamiento, lo que contribuye a la transparencia y la gestión de la tierra. En Argentina podemos citar ejemplos de mala gestión de tierras públicas, solo en la provincia del Chaco El Centro Nelson Mandela denunció que en el período 1995-2003, bajo los gobiernos provinciales de los radicales Ángel Rozas (1995-2001) y Roy Nikisch (2001 -2007) alrededor de 2 600.000 hectáreas de tierras estatales debido al saqueo y entrega fraudulenta de tierras por parte del Instituto de Colonización.
Finalmente, debe entenderse que existe una conciencia generalizada entre los pueblos indígenas y ciudadanos de sus derechos, que su abuso y violación necesariamente afectará proyectos que se presentan como sostenibles, y aunque los medios de comunicación ya no sigan las noticias, el conflicto persiste La plena vigencia de los derechos humanos es, por tanto, un requisito previo inevitable para el desarrollo sostenible, la transformación energética y la democracia.
Abogado experto en el ámbito de la política de suelo rural. Exsecretario de Política Ambiental de Recursos Naturales. Director de Relaciones Públicas de CEPPAS.
————————————————– —-
retorno ambiental
Por Pia Marchegiani (**) y Laura Castillo (***)
Jujuy es una provincia rica en biodiversidad con ecorregiones que incluyen yungas y valles, quebradas y puna. Además de su diversidad natural, es una provincia que históricamente ha apostado por explotar sus ricos recursos minerales como hierro, plata, oro, zinc, cobre y, más recientemente, litio. De hecho, obtuvo el nombre de Capital Minera Nacional por parte del Ministerio de Política Minera de la nación. También tiene una gran diversidad cultural: aquí viven diferentes naciones y más de 300 comunidades.
Estas comunidades son las que temen los impactos de la minería, como el daño ambiental -todavía sin remediar- causado por Metal Huasi en Abra Pampa. La actual gran minería a cielo abierto ha dado lugar a una serie de conflictos ambientales, como los proyectos chinchilla en la zona de la Laguna de Pozuelos de alto valor ecológico, o la expansión de la mina Aguilar en ambientes glaciares y periglaciares, que han creado diferentes estrategias de resistencia por parte de las comunidades locales.
La reforma constitucional aprobada en Jujuy cristaliza una perspectiva claramente productivista, impuesta por otras visiones ambientales, sociales y culturales que buscan proteger la naturaleza. Profundiza el conflicto ambiental existente y pone en entredicho la democracia.
El litio, un mineral estrella
El litio se ha convertido en el foco de varias potencias hegemónicas como Estados Unidos, Europa, China y otros países asiáticos como Corea y Japón, que luchan por acceder a los suministros de este mineral para controlar la producción de baterías de iones. -litio y con ello el negocio de la electromovilidad.
Argentina es el cuarto mayor productor mundial de litio. A diferencia de sus vecinos Bolivia y Chile, que tienen restricciones a la entrada de proyectos, el régimen liberal de acceso a los minerales lo ha convertido en uno de los países con terreno más favorable para la inversión. A día de hoy, hay más de 40 proyectos en diversas etapas, aunque no se conoce con precisión el número exacto.
Tanto a nivel nacional como en la provincia de Jujuy, las principales coaliciones de gobierno y oposición consideran que es necesario utilizar sin temor el contexto global, tanto para la generación de divisas para el pago de la deuda externa como en algunos casos para su deseo de crear más valor añadido. Por lo tanto, pasan por alto los altos costos ambientales de la extracción de litio, que requiere el uso de grandes volúmenes de agua en una región extremadamente seca.
Los compuestos de litio se extraen de los salares, es decir, de los humedales altoandinos, ecosistemas extremadamente frágiles donde el agua es un bien escaso y estratégico que determina la supervivencia de la flora, la fauna y las culturas milenarias que habitan la Puna. El impacto de esta actividad es invisible en la medida en que los estudios ambientales hidrológicos no se realizan con un enfoque de cuenca para comprender la dinámica de entrada y salida de agua en el sistema, ni la relación entre el agua con alto contenido de sal (salmuera) y el agua dulce. aguas que están en contacto natural. Tampoco lo son los impactos sobre los beneficios ambientales que citan los humedales altoandinos para el sostenimiento de la vida o para otros aspectos clave como la adaptación y mitigación del cambio climático.
Más de diez años de denuncias
Si bien las comunidades que habitan en la cuenca Olaroz-Caucharí -en la misma provincia de Jujuy donde se ubican proyectos activos de minería de litio- han permitido la explotación del litio, la situación no es igual en todos los salares.
En las cuencas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, por ejemplo en Salta y Jujuy, las comunidades se movilizan por sus derechos territoriales desde hace 13 años. Su preocupación central es el agua, de la que depende el desarrollo de las actividades necesarias para la reproducción de su vida y cultura, pero también el derecho al territorio, la libre determinación y un medio ambiente sano. Ya han emprendido diversas acciones legales a nivel provincial, nacional e internacional para hacer valer sus derechos. En particular, acordaron que cualquier actividad relacionada con el agua que pudiera afectar a todas las comunidades solo se llevaría a cabo con el consentimiento de todas ellas. Así entendieron de inmediato lo que el gobierno de Jujuy no quería ver: la integridad e interdependencia del sistema de agua.
En noviembre de 2022, el gobierno de Jujuy puso en servicio 11.000 hectáreas de las cuencas hidrográficas Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Luego, en un proceso poco claro y controvertido, afirmó haber obtenido el consentimiento de una de muchas comunidades, ignorando la necesidad de una gestión integral de cuencas hidrográficas y la necesidad de obtener el consentimiento de todas las comunidades que podrían verse afectadas. Al hacerlo, también ignora la perspectiva biocéntrica, que debe asegurar entre el uso del agua, productiva, para la vida y necesaria para la regeneración de los ecosistemas, que ČSJN reafirmó en la protección ambiental. presentado por las comunidades ante la corte suprema.
La gota que colmó el vaso
La reforma parcial de la Constitución de Jujuy nació en un error. No cumplió con procesos participativos y consultas libres, previas e informadas con los pueblos y comunidades indígenas, ni aseguró la participación ciudadana en aspectos ambientales, violando con ello el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escaz.
A la vulneración de derechos fundamentales con jerarquía superior a la constitución provincial, se suma la falta de transparencia y debate público y pluralista, que reclama reformar en el 40 aniversario de la democracia para regular asuntos de fundamental preocupación como el medio ambiente en el contexto de crisis, condiciones ecológicas y climáticas sin precedentes que amenazan a toda la humanidad.
El texto, que fue aprobado sin consulta y cuyas protestas fueron violentamente reprimidas en varios puntos de la provincia, representa una falta de protección al medio ambiente y los derechos de los indígenas, allanando el camino para actividades mineras como la del litio con menores impactos ambientales. normas y sin consenso social.
