Un juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó a directores y accionistas de NRG Argentina por presunto contrabando y defraudación a la administración pública en una investigación por el multimillonario cobro a las importaciones por parte de empresas que operan en Vaca Muerta. La maniobra fue revelada en un reciente intercambio de información con Estados Unidos.

El magistrado envió una citación a ese país para solicitar un «seguro preventivo» sobre los bienes que allí tienen las personas y empresas investigadas, hasta por $92,3 millones. La garantía establece que pueden estar involucrados bienes inmuebles, automóviles, aeronaves, barcos, cuentas bancarias y activos financieros, entre otros.

La acusación sin detención preliminar y con el decomiso de cinco mil millones de pesos recayó en los empresarios Oscar Dario Guercio, Damián Strier, ambos de NRG, y Pablo Marull, director de Marull Heavy Equipment, proveedora de la mercadería. También se ordenó una congelación general de activos contra todos los demandados y las empresas participantes.

Asimismo, la agente aduanal Karina Cantafio fue procesada como presunta partícipe necesario.

De acuerdo con la investigación, se verificó que los bienes importados al país corresponden a equipos destinados al montaje y puesta en marcha de una “planta de arena sílice” utilizada para abastecer arena de cantera para la industria del petróleo y gas (Cuenca de Vaca Muerta),” por ello fue objeto de un tratamiento aduanero especial”, advirtió el juez en su decisión.

La investigación se inició a partir de una denuncia de la División de Análisis y Selección de Importaciones de Aduanas luego de una comparación entre los valores declarados ante las aduanas de EE. UU. y Argentina en 24 despachos de importación de la empresa. Para ello se utilizó un sistema conocido como ‘Falcon Dartss Ttu’ y ‘se encontraron diferencias sustanciales; esto significa que los valores declarados en la República Argentina (que sumaron $100,4 millones FOB) fueron significativamente superiores. a los declarados en Estados Unidos (que sumaron 17,4 millones FOB)”, recordó la jueza Campano en la orden judicial de 102 páginas.

“La operación de contrabando de importación agravada que se investiga y el posterior perjuicio al fisco habrían permitido al imputado obtener una cantidad de $92,3 millones en tipo de cambio oficial, que luego fue trasladada al extranjero. presentación de documentación falsa”, advirtió la decisión.

Los imputados “impidieron, mediante la presentación de documentos falsos, el correcto desempeño de las funciones que la ley le atribuye a la administración aduanera para el control de las importaciones, en un total de 24 operaciones” entre el 29 de junio de 2020 y el 8 de abril de 2022 a través de la aduana de Campana y San Antonio Oeste.

“Este es el primer antecedente cuando, gracias al intercambio de información fiscal con Estados Unidos, se probó la maniobra de refacturación de importaciones y se monitoreó el flujo de dinero excedente, que terminó siendo liquidado en una casa de bolsa local”, agregó. dijo la oficina de aduanas. .