La Asociación Argentina de Dependientes Eléctricos (AAdE) expresó este miércoles su preocupación por los repetidos cortes de energía que amenazan la vida de las personas que necesitan estar conectadas a dispositivos electrónicos. “Si bien entendemos que nos enfrentamos a una demanda histórica de electricidad por la nueva ola de calor con temperaturas muy por encima de los 30°, la ola de calor por el contrario pone en evidencia la falta de previsibilidad en relación a los problemas de las personas dependientes de la electricidad, el descuido. , inacción, insensibilidad», dijeron en un comunicado.
La afirmación sintetizada en el lema «Basta de jugar con la vida» llega a más de un mes de cumplirse seis años de la aprobación de la Ley 27.351, que dispuso la creación del Registro Nacional de Dependientes de la Energía Eléctrica por Problemas de Salud (RECS). , un servicio gratuito para los hogares con miembro en este estado y la obligación de suministrar una fuente de energía alternativa (FAE) por parte de las compañías eléctricas.
Pese al tiempo transcurrido, la organización ha señalado que «de los 15.000 usuarios que disfrutan de un tratamiento tarifario gratuito, sólo el 10 por ciento tiene FAE, lo que nos convierte en rehenes de la burocracia de las administraciones públicas y la pereza empresarial». “Durante estos años hemos obtenido la sanción de una ley nacional, hemos marchado a las puertas del ENRE, Edesur y Edenor. Hemos ido a la justicia, hemos organizado radios abiertas; ya cambio hemos hecho propuestas porque entendemos que es fácil ‘tirar piedras’ y denunciar, pero que tenemos la responsabilidad de contribuir a una posible solución a partir de nuestras experiencias», dijeron en un comunicado. «Pero ya no basta con que nos acepten, escuchen nosotros y mostrarnos empatía: necesitamos que todo esto se traduzca en una mejora con una perspectiva interdisciplinaria, porque entendemos que la electrodependencia es transversal a diferentes áreas como salud, energía, protección civil, discapacidad”, agregaron.
En este sentido, la asociación aseguró que está “a disposición de las autoridades, empresas y entes reguladores para desarrollar un plan de acción que nos permita garantizar el derecho a la salud y la vida de las personas de una vez”. A cambio, volvieron a pedir a la prestadora que “priorice el restablecimiento del servicio a las personas dependientes de la energía eléctrica y el suministro de los generadores”.
La Defensoría del Pueblo de la Nación solicitó al titular del Ente Regulador de la Energía Eléctrica (ENRE) Walter Martell “intervenir de inmediato ante una situación en la que miles de usuarios de CABA y AMBA están sufriendo por la falta de energía eléctrica.
Y pidió que «se tomen todas las medidas necesarias para restablecer -a la mayor brevedad- el suministro eléctrico a los afectados y, en caso de que persistan los cortes, solucionarlos con las distribuidoras del servicio o con la empresa AYSA, spol. provisión de agua potable en casos de escasez de agua por cortes de energía”.
También se solicitó la amabilidad de «informar si se ha garantizado debidamente la provisión alternativa de suministro» a las personas dependientes de la energía eléctrica. El Defensor Público de los Derechos recordó que “desde hace aproximadamente más de quince días se registran importantes cortes de luz que afectan a usuarios de varios barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Agregó que “en algunas zonas son diarios (ya sean largas o cortas), mientras que en otras los usuarios llevan varias semanas sin el servicio básico”.
El Defensor del Pueblo de la Nación opinó que cualquier motivo o motivos por los cuales se suspendió el suministro (caso fortuito o fuerza mayor o alguna razón técnica que lo justifique) “resulta en afectar los derechos humanos básicos de los usuarios”. “Ninguna de estas aclaraciones será suficiente a los efectos de excluir la responsabilidad de las distribuidoras frente a los usuarios, ya que no existe posibilidad de caso fortuito o fuerza mayor”, dijo.
“El acceso a los servicios públicos básicos y su uso están directamente vinculados a los derechos humanos básicos, por lo que el Estado y los concesionarios del servicio público de energía eléctrica están obligados a garantizar a los habitantes el uso de un estándar mínimo de servicios para llevar una vida digna”, concluyó la Defensoría del Pueblo.
