La Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) condenó que el Estado nacional adeuda al sector 3.500 millones de pesos desde hace más de 6 meses, haciendo insostenible la distribución de botellas que abastecen a 20 millones de argentinos.
Para garantizar que los hogares de bajos ingresos (residentes en zonas no servidas por la red de gas o no conectadas a la red de distribución) tengan acceso a precios diferenciales de las botellas, el gobierno introdujo el programa Hogar para subsidiar a los consumidores, mientras que los fraccionadores y el resto de la cadena de la industria son compensados por la Asistencia Económica Transitoria (AET), establecida por la Resolución 809. “La resolución no se implementa desde hace meses y hay empresas que no reciben estos fondos desde abril de 2022”, denunció CEGLA.
A pesar del aumento reciente en los precios máximos de referencia, la cámara afirma que el sector produce con una pérdida operativa estimada por garrafa de 156,4 pesos del promedio nacional ponderado, que varía según el área de distribución. Por ejemplo, en la venta de garrafas en Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza y Santa Fe (Zona I), las pérdidas alcanzan los 104,3 pesos por unidad, mientras que la diferencia entre el precio máximo de referencia y los costos de producción es aún mayor en el Regiones NEA y NOA (Zona II), donde las pérdidas son más del doble, llegando a 234,6 pesos por garrafa, principalmente por costos de transporte, y más aún en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz (Zona III).
“Los precios de referencia, definidos por la Secretaría de Energía de la Nación, solo alcanzan para cubrir aproximadamente del 55 al 70 por ciento de los costos operativos promedio de la actividad, dependiendo de las zonas de comercialización dentro del país”, dijo Pedro. Cascales, presidente de CEGLA, agregó: «La fijación de precios que impide a los fraccionalistas recuperar sus costos y obtener una rentabilidad razonable es una regulación irrazonable que desconoce los derechos constitucionales al trabajo y al ejercicio de la abogacía».
Si se considera que la estructura de costos se ve afectada por el valor del gas licuado, impuestos, mano de obra, mantenimiento, recuperación de contenedores, intercambios y transporte primario, el costo total ponderado de producción sería de 883.6 pesos, mientras que el precio de referencia proporcionado por el Departamento de Energía por ventas es de 606 pesos y 121,2 pesos de la Asistencia Económica Transitoria (AET), que condena su violación pero aún reporta una pérdida estimada de 156,4 pesos por unidad.
Por ello, la cámara que agrupa a 17 pequeñas y medianas empresas (que representan el 70 por ciento del mercado nacional), que emplean a 9.000 personas y que distribuyen butano GLP embotellado para 18 millones de consumidores, prevén una interrupción inmediata del suministro, especialmente en las zonas más remotas del país, presentó una nueva acción administrativa al Ministerio de Economía para evitar el colapso del sector y la amenaza a la distribución.
