En el último año, en el ámbito legislativo un intenso debate en torno a la ley de arrendamiento. Mientras que el partido gobernante buscaba fortalecer la posición negociadora de los inquilinos, la oposición buscaba la desregulación.

Se llegó a un acuerdo de tratamiento a finales de marzo de 2022 tres proyectos Juntos por el Cambio, que propusieron la derogatoria de la Ley 27.551 o “Ley Lipovetzky”, como se conoce en la trastienda a la ley de rentas, que fue promulgada en junio de 2020 y actualmente se encuentra vigente. Esta modificación significó no regulación de contratos y negociacionesdejando que todo trato sea «dibujado entre las partes».

En abril se realizaron cuatro “reuniones informativas” como parte de la tramitación de nuevos proyectos. A estas reuniones asistieron expertos y en el caso de los arrendamientos, al menos 100 tomaron la palabra. Los plazos para la aprobación de dictámenes se ampliaron hasta junio, aun así no fue posible llegar a un consenso y se firmaron dos dictámenes: por la mayoría del Frente de Todos, que exige la Ley 27.551, y por la minoría de Juntos por el Cambio y Bloques Federales, que modifican la norma.

Los ánimos entre el oficialismo y la oposición terminaron el año legislativo y la incómoda sesión del 21 de diciembre, en la que el oficialismo incluyó una reforma a la Ley de Inquilinatos, pero la Junta por la Reforma rechazó el quórum: la oposición entonces no tenía los números para imponerse y el oficialismo podía hacer valer su propia opinión. Así se logra la situación actual sin modificar la ley.

Cabe recordar que la ley de alquileres fue aprobada en la Cámara de Diputados durante el gobierno de Mauricio Macri y un año después aprobada en el Senado por ausencia de oposición. Era la época de la pandemia y los senadores se retiraron juntos del recinto para variar y se negaron a tratar asuntos ajenos a la emergencia médica..

proyectos y opiniones

La opinión mayoritaria, elaborada por el bloque Frente de Todos, que no pudo resolverse a finales del año pasado mantener un período de vigencia de tres años en los contratos, un índice de actualización que combina CPI y Ripte para brindar a los inquilinos más facilidades para presentar garantías. Además de la reforma del régimen de monotributo a favor de los contribuyentes con más de tres unidades operativas, la inclusión de los inmuebles en el régimen de la ley de incentivos a la construcción y la exención del impuesto sobre bienes inmuebles a los inmuebles de menor valor.

El dictamen fue complementado con una mirada a casi 30 expedientes, entre los que destaca el 1373-D-2022 de la diputada gisela marziott que quería crear un Cámara Nacional de Alquileres (órgano autónomo integrado por representantes del poder ejecutivo e interesados ​​con el fin de regular precios y contratos) y que se tramite un registro de inmuebles ofrecidos y arrendados.

También expediente 2172-D-2022 con la firma en cabeza del diputado José Luis Gioja que, entre otras cosas, proponía la bancarización de alquileres y la realización de un censo de viviendas «para conocer mejor la situación de la vivienda y proponer nuevas propuestas», entre las que destacan las denominadas gravamen inmobiliario no utilizado.

Mientras tanto, opinión minoritaria de la oposición el plazo mínimo legal de los contratos vuelve a ser de dos años y se propone acordar «entre las partes» los intervalos de actualización de valor (entre 3 y 12 meses) y además las “partes” deberán acordar un mecanismo de ajuste al inicio del contrato, el cual podrá utilizar el IPC, el IPIM o el Índice de Salarios elaborado por el INDEC o una combinación de ambos. También está considerando la reforma del régimen de monotributo, el llamado exención de propiedad personal para propiedades de alquiler y se modifica el impuesto a los débitos y créditos bancarios (cheque tax) para eximir las cuentas de ahorros o cuentas corrientes utilizadas exclusivamente para el alquiler de inmuebles residenciales.

Del lado de la oposición destacan sobre todo los expedientes 6839-D-2020 de la diputada Alberto Assef, que añade dos nuevas proposiciones relacionadas con desalojo abreviado (es decir, acortar el tiempo del proceso de autorización) aa una alternativa a una hipoteca en una casa vacía (que no es más que recompensas fiscales para quienes no mantienen la propiedad ociosa de la vivienda).

Por otra parte, se adicionan los expedientes 4120-D-2021 de Karina Banfi, 5349-D-2021 de Carolina Píparo y 5293-D-2021 de Germana Figueroa Casas, que dejan sin efecto la ley 27.551. Pero también hubo diferencias en la oposición sobre los tiempos de ajuste de rentas, dijo el diputado Domingo de Agustín Juntos Somos Río Negro rechazó que los ajustes se hagan cada tres meses y exigió que sean cada seis.