Al analizar el panorama del sistema de pensiones y el empleo, se esconde lo esencial: El mundo empresarial es el principal culpable de la fragilidad del sistema de pensiones debido al alto grado de informalidad laboral. La contratación ilegal no es una elección del trabajador, sino una decisión del empleador.
En el último caso aparecerá responsabilidad estatal por deficiencias en la fiscalización en las formas de contratación en el mercado de trabajo.
Los trabajadores informales tienen un trabajo de baja calidadbajos salarios, largas jornadas laborales, falta de acceso a oportunidades educativas, dificultades para acceder al sistema de justicia y al régimen de protección social, incluyendo pensión y salud en el trabajo (ART) y en general (trabajo social profesional o prepago).
Un empleador que contrata trabajadores informales no paga aportes a la seguridad social y por tanto el trabajador no puede contabilizar los años de cotización al régimen para llegar a los 30 necesarios para acceder a la pensión.
Ante esta situación de vulnerabilidad, esquemáticamente existen dos caminos que se pueden tomar a través de las políticas públicas. Uno, ignorar el drama del trabajo social y arrojar a estas personas a la marginalidad económica. A continuación, hacerse cargo del problema y diseñar esquemas de integración al sistema de protección social, por ejemplo sa moratoria de pensiones.
Informalidad y desempleo
El cuadro es más complejo porque en una economía con varias crisis económicas, algunas de ellas devastadoras y prolongadas, hay varios años con alta tasa de vacantes, lo que significa cero aportes a la pensión de los trabajadores. Vuelve a haber un debate sobre qué hacer en esta situación: penalizar a la persona que se quedó sin empleo formal y no contó con los aportes adecuados en esos años, o corregir esta desventaja laboral a través de política pública inclusiva.
La posición expresada en el reciente debate sobre Ley del «Plan de Pago de Deudas de Pensiones»conocida como la moratoria, aprobada por diputados, líderes políticos de la oposición y algunos economistas fundamentalistas de la ortodoxia fiscal ignoran deliberadamente cuáles son las responsabilidades en el mundo del trabajo.
No solo centran la discusión exclusivamente en las cuentas estatales y públicas, sino que también muestran el nivel insensibilidad social con una impunidad asombrosa.
Además de culpar al trabajador por no llegar a la jubilación, ofrecen como solución un beneficio del 80 por ciento del salario mínimo. El objetivo de la propuesta es construir un sistema con pensiones de primera y segunda clase, que es el mismo que planteó el gobierno de Macri con la creación de Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM).
La contradicción discursiva es impactante: hay acuerdo en que la jubilación mínima es baja, y la oposición política de la Alianza Radical Makrista dice que la moratoria no es necesaria porque hay un PUAM, cuyo monto es corresponde al 80 por ciento del mínimo.
El incentivo debe estar registrado; no esperes una moratoria
La moratoria previsional aprobada da opción a trabajadores y mujeres regular las cotizaciones desde 2008. Quienes estén en edad de jubilación podrán jubilarse y descontar el pago de su crédito hasta en 120 cuotas, quienes aún no hayan cumplido esta edad podrán borrar la deuda por aportes no registrados de manera anticipada.
Algunos oradores de la oposición dijeron con la arrogancia de la ignorancia que un moratoria de pensiones es un «incentivo para no cotizar» por los trabajadores. Una de dos cosas: los que dicen esto nunca han trabajado -formal o informalmente- en una empresa, o mienten.
El motivo del trabajador es el registro. y por lo tanto sumar aportes previsionales. Además, no decide si contribuye o no; Este es un atributo de la empresa que lo contrata.
Un conocimiento mínimo del mundo del trabajo proporciona información sobre lo que El incentivo se encuentra en la formalidad, porque además del aporte a la seguridad social, tienes derechos laborales como vacaciones, días de enfermedad, aguinaldo e indemnizaciones.
Excepto, pago de bolsillo Las contribuciones de pensión descontadas y el trabajo social o prepago son entre un 20 y un 30 por ciento más altos que los ingresos de los trabajadores no registrados, según varias encuestas del mercado laboral.
El sistema de pensiones no debe reproducir la desigualdad en el mercado laboralcomo asumen los líderes económicos de la oposición y los portavoces de los medios de comunicación de derecha, pero debe ofrecer un ingreso que permita buenas condiciones de vida para los adultos mayores.
Doble castigo para los trabajadores
Cuando el mundo empresarial contrata trabajadores informales, no solo deja de pagar las contribuciones a la seguridad social, lo que debilita el sistema de pensiones, sino que también evita pagar impuestos y por lo tanto afecta las cuentas públicas que financian parte del plan de pensiones.
La denegación del derecho a pensión a los trabajadores que no hayan cumplido 30 años de aportes es una doble sanción: primero porque no tenían derechos laborales en la vida activa, y luego en la fase pasiva porque no contaban con ingresos de la seguridad social.
El universo de lo informal vio el primer gran salto en los años de la dictadura militar, que comenzó con una tasa cercana al 15,0 por ciento y terminó cerca del 20,0 por ciento. Luego se registró otro aumento significativo en la década de 1990, alcanzando el 35 por ciento en 2001 y subiendo a un récord de 44,5 por ciento en 2004 después de la explosión de la convertibilidad. Desde entonces, ha caído a un mínimo de 30,2 por ciento en 2015, momento en el que comenzó un sostenido subir con algunos periodos de declive, pero sin llegar a este límite.
El último registro del INDEC fue de 37,4 por ciento, correspondiente a 2022.
¿Qué significan estas cifras informales para los últimos 30 años y qué predicen que continuará durante muchos más?
A nivel económico que quedará pensión de emergencia y que se necesitarán moratorias adicionales para servir a millones de trabajadores.
Desde un punto de vista estructural, una discusión rigurosa de cómo Proponer un sistema de pensiones inclusivo con la mejora patrimonial y de solvencia en su financiación con fuentes públicas.
¿Quién tiene que pagar la reforma de pensiones inclusivas?
El discurso dominante a la hora de analizar el régimen de pensiones en sociedades con una expectativa de vida creciente de la población, expertos nacionales e internacionales y organismos multilaterales (FMI, Banco Mundial) apunta a cuantificar Costos fiscales de mantener el régimen de cotización continuaal que se adjunta un proyecto de elevar la edad de jubilación y privatizar parcialmente el sistema.
El poder adquisitivo de gran parte de los activos es bajo y requeriría una actualización extraordinaria para recuperarse de la fuerte reducción sufrida durante los años de Macri y la quiebra de los últimos tres años, salvo la jubilación mínima que ha sido compensada. con bonificaciones para mantenerse al día con el desarrollo tasa de inflación.
Es decir, con o sin moratoria el sistema necesita más recursos fiscales. Para ello, el debate debe definir la fuente de financiación: puede ser desviando el gasto de otras partidas, opción difícil ya que la mayoría son relativamente ajustados y con poco margen de reducción, o con ingresos fiscales adicionales (Utilidades, Bienes muebles).
Esto se dificulta aún más porque el debate público ha demostrado que existe una carga tributaria asfixiante en Argentina, cuando cualquier comparación internacional demuestra que no es así, ya que el país se encuentra en la mitad del ranking mundial. en este caso.
No se recuperó el monto real de las pensiones.
El Centro de Investigación y Capacitación de la República Argentina (Cifra-CTA) dio a conocer un informe detallado sobre el sistema de pensiones elaborado por Nuria Mendizábal. En cuanto a los aumentos que perciben los pensionados en estos años, cabe mencionar el aumento proporcionado a través de la movilidad no ha logrado restaurar significativamente el poder adquisitivo.
Por ello sugiere que el gobierno nacional apeló a una política dirigida a la población más vulnerable otorgando bonos extraordinarios. Esto hizo posible el crédito mínimo superará los valores de diciembre de 2019 en casi todos los meses donde ocurrieron estas mejoras de ingresos.
Mendizábal lo explica En diciembre de 2022, el crédito mínimo real cayó un 9,7 por ciento respecto al mismo mes de 2019, pero con el bono lo superó en un 8,3 por ciento. Añadamos que si bien esta política ha permitido mantener y mejorar los ingresos de los pensionistas y pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad económica, se trata de una «reestructuración temporal dado que esta cantidad no está incluida en la base de cálculo de la pensión». según la fórmula de la movilidad». , de ahí su carácter extraordinario».
También establece que el poder adquisitivo la pensión mínima actual es más baja que en diciembre de 2015: sin bono, -24,0 por ciento y con bono, -8,8 por ciento. El resto de pensionistas tienen un descenso del 15,3 por ciento.
Concluye que “esto debería ser revisado por el gobierno para adecuarlo a sus promesas preelectoralesdonde se pronosticaba una mejora en los ingresos reales de los jubilados y pensionadas”.
