Como parte de la tabla de precios, en la que el ministro de Economía, Sergio Massa, busca suavizar el impacto de las declaraciones tras la corrida que lanzó el valor del dólar blue, el gobierno investiga a los gigantes del consumo que vieron alzas en las góndolas de las tiendas de barrio con el objetivo de violar el acuerdo sobre precios justos y aumentos de precios. Hace unos días el ministro de Comercio multó a Coca Cola ya la francesa Danone por recaudar un 32,5% en un mes cuando se permite un 3,2%, y ahora apunta que hay otros gigantes del consumo masivo que podrían encajar en la misma situación.

Según la información a la que accedió Página I12la cartera liderada por Matías Tombolini ha adelantado el proceso de investigación, que incluye a las empresas Cervecería y Maltería Quilmes, Pepsico Argentina, Mastellone (La Serenísima) y Aguas de Orígen (la alianza comercial para el mercado del agua entre Danone y la cervecera chilena CCU, que produce a nivel nacional, entre otras marcas Imperial y Heineken).

Se sospecha que seguirían el mismo camino que Coca Cola y Danone, con incrementos muy superiores a los permitidos. Estos nombres específicos también son fuertes porque son muy representativos del peso en los estantes: Mastellone produce nueve de cada diez litros de leche líquida; Quilmes, hoy en manos de un grupo extranjero, es líder en cervezas y tiene fuerte presencia en aguas; mientras que Pepsico es líder en el rubro de snacks y la segunda empresa más importante después de Coca Cola en la producción de refrescos.

Método

La semana pasada, el Departamento de Comercio multó a Coca Cola y Danone con 40 millones y 45 millones de pesos respectivamente por incumplimiento de acuerdos de precios.

La metodología, calificada por el gobierno de «rentabilidad cruzada», es mantener el patrón de aumentos permitido por el gobierno en los grandes hipermercados (3,2 por ciento mensual) y en el resto de negocios (tiendas de barrio, chinos y pequeños comercios) para aumentar sin límites para restaurar los márgenes de rentabilidad perdidos en los acuerdos de precios justos. En el caso de Coca Cola y Danone, el incremento fuera de lo permitido alcanzó el 32,5 por ciento mensual.

Algunas firmas, como Quilmes, negaron al diario que subieran los precios más allá de lo permitido por el Departamento de Comercio. Prefirió no comentar el resto. Las empresas Molinos Río de la Plata y Arcor también son objeto de una investigación por parte del Ministerio de Comercio.

Esta decisión de las empresas sobre la política de precios tiene varias implicaciones: la primera es que ocho de cada diez argentinos compran en tiendas locales y solo un tercio en hipermercados. En definitiva, la mayoría de la población compra a precios muy superiores a los pactados. El segundo punto es que la inflación de alimentos medida por el índice INDEC tiene un fuerte componente de canal local y el gobierno no ha mostrado capacidad para controlar este segmento. Si la inflación de alimentos se mide en hipermercados y barrios, hay marcadas diferencias.

Un equilibrio difícil de lograr

En este escenario, varias empresas han utilizado esquemas de comercio interno para incrementar los costos en dólares y pares que ascienden al 10 por ciento. La idea de Matías Tombolini es, en primer lugar, que las empresas que subieron lleven los precios a niveles pre-alcistas, lo que es casi una quimera en este contexto.

Al mismo tiempo, Comercio busca dos objetivos, una nueva forma de permitir aumentos y al mismo tiempo un mayor control sobre los comercios vecinos y sus precios. En primer lugar, la nueva senda de aumentos autorizados seguirá siendo del 3,2 por ciento hasta el 20 de mayo, y de ahí se adjudicará otro 1,8 a fin de mes, hasta llegar a 5 por mes. Esto se aplicará a todos los productos que no estén en la canasta de precio fijo. Mientras que los productos Justos de 2000 se limitaron a un aumento del 3,8 por ciento.

Al final se acordó un incremento máximo de 5 puntos para los productores de insumos extendidos, y se busca un acuerdo con mayoristas y distribuidores sobre una lista de precios uniforme para hipermercados y comercios locales. El gobierno trata así de evitar lo que todavía no ha podido: frenar la subida vertiginosa de los precios fuera de los hipermercados.