El informe de auditoría de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la cuenta de inversión de 2018 volvió a revelar graves irregularidades en la firma del convenio con el FMI por parte del gobierno de Mauricio Macri. Paradójicamente –o no– justo cuando Juntos por el Cambio emitió un comunicado advirtiendo de un percibido “bomba” para la deuda en pesos del Tesoro.

Les recordamos que entre mayo y octubre de 2018 el gobierno de Juntos por el Cambio firmó un préstamo con el FMI aguante por un monto aproximado de 57.000 millones de dólares, de los cuales finalmente se aceptaron 44.500 millones porque el Frente de Todos -tras ganar las elecciones- notificó a la organización que se negaría a aceptar los pagos faltantes.

En marzo de 2020, el banco central elaboró ​​un informe que reveló que en el período de mayo de 2018 a octubre de 2019, en el que 44.500 millones de rupias crédito aguanteLas reservas del BCRA permitieron la fuga de capitales 45.100 millones de rupias. Entonces resultó que los dólares recibidos fueron destinados a un destino diferente al indicado en el memorándum presentado al FMI, porque el gobierno de Macri se comprometió a utilizar estos fondos para reducir la tensión en la balanza de pagos, aumentar las reservas internacionales y, en cambio, se utilizaron monedas para el vuelo.

Además, el uso de los fondos del préstamo para crear activos externos (fuga de capital) violó los términos del Artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI, que prohíbe el uso de los recursos del fondo general para cubrir salidas de capital significativas y sostenidas. ciudades capitales.

En marzo de 2021, la SIGEN -máximo órgano de control interno del estado- emitió un informe de auditoría sobre los “procedimientos aplicados en la implementación del Acuerdo Stand-By en 2018” a solicitud del banco central. el mensaje termino “que los compromisos asumidos con el FMI se celebraron sin la intervención previa de las autoridades competentes en la materia o sin la información económica, financiera y jurídica necesaria para su cumplimiento”.

La SIGEN confirmó así la existencia de las mencionadas irregularidades. Primero: no hubo una orden ejecutiva o ley del Congreso que autorizara el préstamo. Segundo: se omitió el informe del BCRA sobre el impacto que tendría la operación de crédito en la balanza de pagos. Tercero: antes de la firma de los documentos, no existía un dictamen jurídico que analizara la legalidad y legitimidad de dicha medida. habitación, habitación: no fue autorizado por el Jefe del Estado Mayor para contraer deuda. Todas estas actuaciones administrativas son ineludibles y necesarias para la validación del contrato de conformidad con la Ley de Administración Financiera.

En el mismo mes, el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, con base en los informes del Banco Central y la SIGEN, presentó formalmente una denuncia penal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, donde la causa penal N° 3561/19 “Macri Mauricio y otros relacionados con el fraude por gestión fraudulenta contra la administración pública”.

El 8 de abril de 2021, el Poder Ejecutivo emitió un decreto a la SIGEN para determinar la existencia y monto de los perjuicios económicos que se hayan podido generar por el uso de los fondos obtenidos, y las condiciones para el pago de las ayudas brindadas.. También ordenó al Departamento del Tesoro que no solo actuara como demandante en el caso, sino también—Y aquí está la noticia iniciar las acciones judiciales conducentes a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados con motivo de los hechos denunciados a través de la acción civil que corresponda en el marco del proceso penal.

Por primera vez, el Estado iniciaría juicios de indemnización por daños económicos derivados de delitos que se encuentran bajo investigación penal contra quienes finalmente resulten responsables de los mismos.

La SIGEN elaboró ​​su informe en el que determinó que la ejecución del contrato aguante con el FMI causó efectivamente un daño económico a la Argentina. El fiscal asumió su papel, actuando en nombre del Estado como fiscal en un caso penal y asumiendo el papel de actor civil en una demanda por daños y perjuicios.

El préstamo de Macri del FMI significó endeudamiento en moneda extranjera el más insólito y responsable de la historia. Por otro lado, este gobierno ha tomado medidas muy concretas para defender el erario público y el interés colectivo, para que la justicia investigue y, en su caso, condene penal y económicamente las conductas que han condicionado la vida de generaciones de argentinos y en especial de aquellos que más necesitan la ayuda del estado.

Desde 2019, hemos estado llamando constantemente la atención sobre las violaciones de las normas administrativas para obtener préstamos del FMI. Las irregularidades descritas -y hoy confirmadas por todas las organizaciones que han analizado actuaciones administrativas- amenazan gravemente la responsabilidad penal y patrimonial de los servidores públicos que participaron en esta maniobra de endeudamiento.

De la labor del Dr. Capuchetti, el juez a cargo del caso. Toda la información se agrega al archivo, incluido el mensaje AGN.

Esperamos que la investigación comience a avanzar con la celeridad y consistencia que requiere la gravedad de los hechos.

* Abogado, ex director del banco central.