Producción: Natali Risso
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evitar el abismo
Escrito por Nicolás Bertholet
El Programa de Ampliación de Facilidades acordado con el FMI en marzo de 2022 marcó el final de la fase de reestructuración de la deuda iniciada por este gobierno y abrió la economía a nuevos desafíos. Para que te hagas una idea de lo que se trata, el programa ha establecido objetivos trimestrales que serán evaluados al final de cada período por el equipo técnico del FMI como paso previo a la aprobación de pagos para liquidar los pagos vencidos en el Stand-By. Acuerdo que fue firmado en 2015 por el gobierno de Macri. Dentro de 30 meses, el país recibirá un total de 45 mil millones de dólares (en caso de cumplir con las revisiones trimestrales).
A pesar de la turbulencia política y los cambios en el equipo económico, el gobierno logró cerrar el 2022 adhiriéndose en forma extrema a todas las revisiones trimestrales y anuales del acuerdo.
Para ponerlo un poco en números, la meta fiscal anual fijó un déficit primario de 2,5 por ciento del PBI, pero el año pasado hubo un déficit primario acumulado de 1.955.140,8 millones de pesos, que fue 2,4 por ciento del PBI. La meta anual de acumulación de reservas fijó la acumulación en $5.000 millones y el monto alcanzado frente a diciembre de 2021 fue de $5.938 millones.
Este éxito en la implementación del plan fue posible en gran parte por el desbloqueo del financiamiento por parte de organismos multilaterales como el BID y la introducción de medidas excepcionales como los regímenes Dólar Soja I y II, que promovieron algún tipo de cambio de diferencia, liquidación de moneda extranjera por el agricultor.
Este año el panorama luce más complicado, tanto por las políticas implementadas por el gobierno como por factores que no se pueden predecir con anticipación, como la sequía. La política de recompra de bonos por más de $1.000 millones anunciada en enero para mantener las paridades y estabilizar la CCL, lo que implica una mayor presión sobre las escasas reservas netas, no ha ayudado en este sentido.
La buena noticia para el gobierno es que en los últimos días ha quedado claro que debido al impacto de la sequía y la guerra en Ucrania, se ajustará el objetivo de reservas que se acordó para 2023. En particular, la sequía, que se estima significar una pérdida de $ 13 mil millones en divisas. Sin embargo, el programa con el FMI no sufriría ajustes en términos de metas fiscales y monetarias y sólo cambiarían los niveles de reservas a acumular. Otra parte del nuevo acuerdo, que se da por sentado, es que para 2023 Argentina ya no tendrá que cumplir objetivos trimestrales en virtud del acuerdo, sino que los objetivos se establecerán anualmente.
Sin embargo, la meta de déficit fiscal de 1,9 por ciento del PIB y el límite de emisión monetaria de 0,6 por ciento del PIB siguen vigentes y parecen difíciles de cumplir por varias razones. la primera razón
es que, a diferencia del año pasado cuando los desembolsos netos fueron positivos, en 2023 el saldo neto entre pagos y desembolsos del FMI favorecerá al organismo en unos $4.100 millones. La segunda razón es que el nuevo dólar de la soja será difícil de revertir por completo el efecto negativo de la histórica sequía. Además, las nuevas medidas de emergencia para cumplir con la meta de reserva seguramente no serán efectivas en medio de un año electoral, con la volatilidad añadida que ello conlleva, y con la oposición amenazando con el default de la deuda en pesos.
Para salir de esta difícil situación y poder cumplir con las metas de este año, el gobierno deberá enfocarse en varios frentes al mismo tiempo. Primero, deberá continuar con la política de ajuste del gasto real que se ha consolidado desde que Massa asumió el cargo en el área económica. A priori, parece difícil lograrlo en un año electoral. En segundo lugar, se necesitan más que nunca políticas que fomenten las exportaciones de productos de mayor valor agregado. Para ello, es fundamental que no se utilice el ancla cambiaria y que se propongan incentivos cambiarios proexportadores.
El panorama es muy complicado, pero el Gobierno debe esforzarse al máximo para cumplir los objetivos acordados y evitar el desfase que supondría romper el acuerdo con el Fondo en la situación actual. La tarea del próximo gobierno será darle al país un rumbo económico más concreto e implementar un plan de estabilización.
Profesor FCE-UBA e Investigador IIPE (UBA-CONICET).
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Costos según
Por Diego Kofman (**)
Desde la firma del nuevo convenio con el FMI, hasta febrero de 2023, el organismo ha realizado cuatro pagos por un monto equivalente a 23.520 millones de dólares. En el mismo período, el Gobierno Nacional tuvo que utilizar 18.580 millones de dólares para cancelar la deuda anterior con esta entidad, que concluyó con la gestión de Alianza Cambiemos. Es decir, si tomamos los meses de marzo a febrero, la deuda neta de esta organización es de $4.940 millones. Además, durante este período el gobierno incrementó la deuda “con otros organismos y entidades bilaterales” por un total de $2.006 millones. Paralelamente, el gobierno canceló la deuda con otros acreedores por 741 millones de dólares.
Entre marzo de 2022 y enero de 2023, Argentina importó bienes por CIF $75.638 millones, mientras que los pagos por importaciones de bienes del período -incluyendo bienes (FOB) más fletes y seguros- fueron de $67.631 millones. Es decir, se aplazaron de marzo a enero $8.007 millones en pagos de importaciones, lo que ahora ayuda a mantener las reservas, pero al mismo tiempo aumenta la deuda comercial de nuestro país.
Por otro lado -durante el mismo período- las exportaciones de bienes fueron de 81.063 millones de USD y los ingresos por exportaciones fueron de 83.395 millones de USD. Es decir, entre marzo y enero se recibieron anticipadamente exportaciones en forma neta por 2.332 millones de dólares. Esto se explica principalmente por la introducción del denominado “dólar soya” en septiembre y diciembre.
Entre estas tres fuentes de financiamiento, Argentina logró un «ahorro» neto de $16.543 millones de marzo a diciembre. Por otra parte, durante la vigencia del nuevo acuerdo, el comercio de bienes registró un superávit acumulado de $5.425 millones. Así, la entrada neta de divisas del comercio y los tres mecanismos detallados ascendió a casi $22.000 millones.
A fines de febrero, las reservas se ubicaron en casi $ 39,000 millones, solo $ 2,000 millones más que a fines de febrero de 2022, antes del acuerdo. Esto significa que por otros mecanismos se ha perdido casi la totalidad de los dólares ($20.000 millones) provenientes del comercio de bienes, del endeudamiento comercial y del endeudamiento público externo.
Esto demuestra la gravedad del problema del frente externo de nuestra economía, problema que dejó al país con la experiencia neoliberal del gobierno de Mauricio Macri, pero que el gobierno del Frente de Todos aún no ha podido resolver. aborda y condiciona el desempeño de nuestra economía bajo el nuevo acuerdo del FMI: pagos derivados del sobreendeudamiento externo público y privado y excedentes que se convierten en activos externos.
Luego de lograr reducir la tasa de devaluación a 20 por ciento anual, y a pesar del alza en los precios internacionales de nuestras exportaciones, el gobierno volvió a la política de creeping peg para llegar a fines de febrero de 2023 con una tasa de devaluación anual de 82,3 por ciento.
Una mayor tasa de devaluación se traduce en presiones inflacionarias de diversas formas: aumento del precio interno de los bienes exportables, aumento de los costos de producción por insumos importados, aumento de los precios en el sector energético por los remanentes de dolarización propios del sector y sus las importaciones, las grandes multinacionales aceleran sus precios internos para haber mantenido y recuperado la rentabilidad en dólares, aumentan los costos financieros de las empresas endeudadas en dólares, aumenta el costo de pago de la deuda comercial que se acumula por el retraso en el pago de las importaciones.
La guerra entre Ucrania y Rusia supuso una nueva subida de los precios internacionales de las materias primas, que no estaba prevista en el contrato con el fondo. La aceleración acordada en la tasa de devaluación exacerbó el impacto inflacionario de la guerra en nuestra economía. En lugar de desacoplar los mecanismos, la nueva política cambiaria amplificó el impacto interno del aumento de los precios internacionales.