Y El informe de la CEPA aseguró que la moratoria jubilatoria aprobada por los diputados es una medida urgente para atender las necesidades de más de 1,5 millones de personas en edad de jubilarse pero que no cuentan con los 30 años de aportes exigidos por la ley. El documento menciona que el actual régimen de acceso a la moratoria -vigente desde 2014- finalizó el 23 de julio y que el presidente Alberto Fernández anunció una prórroga «extendiendo su plazo hasta que el Congreso apruebe una nueva ley».

Describe que «más de 1,5 millones de personas en edad de jubilación no tienen los 30 años de beneficios legalmente requeridos. De ese número, 906.876 tienen beneficios pero no suficientes, y 680.724 no tienen ningún beneficio». También añade que “solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres en edad de jubilación están en condiciones de hacerlo actualmente, por lo que el resto requerirá una moratoria que les permita comprar los subsidios para acceder a este derecho”.

Entre otros datos relevantes se menciona que solo el 6,6 por ciento de las mujeres de 55 a 59 años cotizan entre los 25 y los 27mientras que el 46.1 por ciento no tiene aporte al sistema de pensiones.

Cuando hombres de 60 a 64 años, solo el 16 por ciento cotiza entre 25 y 27 años, mientras que el 17,6 por ciento no tiene mesada. El sector privado, el sector público y los autónomos son los ámbitos con mayor número de personas que pueden jubilarse (cotizaciones entre 25 y 27). Pero llegan sólo al 18, 36 y 20 por ciento.

En el caso de los monotributistas, monotributistas sociales y trabajadores de casas particulares, la situación se percibe compleja, según el informe. Precisa que solo el 5,7 por ciento (11.922 casos), el 0,06 por ciento (36 casos) y el 0,1 por ciento (103 casos) superan los 25 años de seguro.

«El Los datos históricos del mercado laboral para los prejubilados revelan un camino difícil de superar para poder jubilarse. Desde 1990 se presenta una tasa promedio alta de desempleo (10,3 por ciento) y empleo no declarado (34,7 por ciento) y picos sensibles (21,5 por ciento de desempleo en mayo de 2002 y 50 por ciento de trabajo no registrado en el tercer trimestre de 2003)”, indicó.

El documento agrega que «en principio, el desempleo y la persistente informalidad laboral implican que una gran proporción de los trabajadores no pueden cumplir con el límite legal de años de cotización cuando alcanzan la edad de jubilación».

diferencias de género

Hay diferencias de género. “En este escenario, las más afectadas son las mujeres, quienes históricamente tienen mayores tasas de desempleo e informalidad que los hombres”, precisó.

Agrega que “está relacionado con las desigualdades estructurales existentes en el mercado laboral, que inciden directamente en el acceso a derechos de las mujeres pasivas: trabajan menos horas fuera de casa y tienen menos cotizaciones registradas en sus carreras, principalmente porque están sujetas a más empleos precarios e informales y porque dedican gran parte de su tiempo a tareas domésticas y de cuidado no remuneradas’.

El informe afirma que es posible verificar que para las mujeres el escenario de desarrollo histórico tanto en el desempleo como en el trabajo no registrado fue significativamente peor que para los hombres.

Mientras que para el período de mayo de 1990 al 3er trimestre de 2021, la tasa de desempleo promedio para las mujeres fue del 11,6 por ciento, para los hombres fue del 9,2 por ciento. La diferencia promedio fue de 2,4 puntos porcentuales.

En el caso de los puestos de trabajo no registrados, el promedio del período comprendido entre el 3er trimestre de 2003 y el 3er trimestre de 2021 fue de 40,0 por ciento para las mujeres y 33,4 para los hombres, es decir, una diferencia de 6,6 puntos respecto al mencionado período.

“La moratoria se convierte en una herramienta fundamental para no penalizar dos veces a los trabajadores informales o desempleados: por un lado, en una vida activa, sin derechos laborales, y en una vida pasiva con pensiones de vejez, que les da a los menores un ingreso en lugar de un pensión. Y por otro lado, paliar la brecha de género existente en el sistema de pensiones”, señala el informe.

“La decisión del presidente Alberto Fernández y la posible aprobación del proyecto de ley, que ya cuenta con media aprobación en el Congreso, promoverá el acceso al derecho a la jubilación de las personas mayores que no cuentan con todos sus aportes por dificultades en su vida laboral activa, y así apoyar la regularización de su situación”, concluyen los economistas de CEPA en el trabajo de investigación.