El Suprema Corte solicitó a los gobiernos de la nación, Jujuy y Salta informes sobre los proyectos utilización de litio en la región de Salinas Grandes, al norte de Argentina, para decidir sobre el amparo presentado por organizaciones ambientalistas y pueblos indígenas. Los tres órganos administrativos deben enviar toda la documentación requerida dentro de los 30 días.

La Corte Suprema buscó todas las demandas presentadas en relación con extracción de litio y borato y otra documentación relacionada -como contratos de concesión y pidió a los gobiernos provinciales que especificaran qué tribunales administrativos mineros o autoridades administrativas han intervenido- para decidir si se debe suspender la exploración. La cuenca de Salinas Grandes abarca una superficie de más de 17.000 kilómetros cuadrados, desde el sur de Salta hasta el norte de Jujuy, y actualmente hay en marcha una treintena de estudios de factibilidad de extracción de litio.

La decisión firmada el martes sigue una apelación interpuesta por la comunidad Kolla «Santuario de Tres Pozos» y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Ambientalistas y representantes de la comunidad indígena de El Moreno intentan desde hace tiempo impedir el desembarco Compañías mineras a la minería de litio, preocupación por la gestión del agua. La cuestión es que el «oro blanco» se obtiene mediante un proceso de evaporación que requiere dos millones de litros de agua por cada tonelada de mineral extraído, y parte del agua es salada, por lo que no puede ser utilizada para el consumo humano.

Él sábado 22en la plaza Moreno se realizó un encuentro entre el Gobernador de Jujuy y las más de treinta comunidades Kolla que integran la Mesa de los Pueblos Indígenas. La última vez que se negaron a firmar el acta 10 de marzo entre el gobierno de Jujuy, la empresa minera estatal Jemse, subsidiaria de PAE, y cuatro comuneros de Lipán, para que la minera inicie tareas de exploración al sur de Salinas Grandes.

fue una llamada masiva negativa a investigar (estudio sísmico, excavación de pozos, etc.). También cuestionaron el papel de la Comisionada Municipal Angélica Castillo, quien trabajó como secretaria en la elaboración del acta de los 10 de marzo, mientras que en 2012 ella y todos los comuneros firmaron un acuerdo que impedía que la comunidad aprobara el acta de manera individual. hacia abajo en el territorio.

El gobernador Gerardo Morales escuchó las sugerencias de las comunidades, pero también habló de los beneficios minería sostenible. En el amparo, que fue acogido por la Corte Suprema, los demandantes alegan que las empresas no evaluaron adecuadamente los «impactos ambientales» y también reclaman contra el Estado-nación que se le encomendó la «coordinación e implementación del Sistema Nacional de Aguas». Plan». en todo el territorio del Estado».