Gobierno estudia la posibilidad de suspender la ley de inquilinatos que menos de dos años después de su entrada en vigor, aún desafiando al mercado inmobiliario, a través de restricciones de suministro de propiedad y estrategias contractuales para incumplir los nuevos términos.

Según los informes, la decisión fue discutida durante una reunión del presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa.

Lo que debe resolver el Ejecutivo es cómo sacar adelante la suspensión de la norma, que entró en vigor en junio de 2020 y fue santificada por el Congreso medio año antes. El presidente Alberto Fernández debería firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para cancelarlo.

Entre los puntos a los que los propietarios y agentes inmobiliarios se resistieron más está la ampliación de la duración de los contratos a tres años, la forma de actualización anual del valor de la renta y la utilización de un índice para determinar estos incrementos.

El Índice de Arrendamientos (ICL) -publicado todos los días por el Banco Central (BCRA) en su sitio web oficial- corresponde a la evolución del RIPTE (evolución de salarios e inflación).

Pese a los reclamos de propietarios y agentes inmobiliarios, los alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según un informe publicado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), en febrero aumentaron en más del 110 por ciento interanual.

El precio mediano de los monoambientes ofrecidos se ubica en 78.000 pesos al mes, más del salario mínimo. Los incrementos superaron así al índice de contratos de alquiler, que mostró un aumento interanual del 85,9 por ciento en febrero.

Algunas de las estrategias para eludir el cumplimiento de la norma estaban por comenzar oferta renta en dolaresa partir de febrero de 2022, o convertir los contratos en arrendamientos temporales, donde la ley no interfiera.

Además, los propietarios que vuelven a poner su propiedad en el mercado después de la finalización del contrato deciden pedir una cantidad mensual muy alta para cubrirse contra la inflación.

De acuerdo con las exigencias del mercado inmobiliario el pasado mes de junio En el Congreso se estaban discutiendo nuevas leyes. En oposición, Juntos por el Cambio, Interbloqueo Federal y Provincias Unidas propusieron volver a los contratos de dos años; que la actualización de los valores sea acordada entre las partes, con la posibilidad de que sea cada 3 meses; y que los propietarios pueden solicitar hasta 6 meses de renta por adelantado.

“La posición de Juntos por el Cambio es una ley que fue desarrollada por el mercado inmobiliario para defender sus intereses y volver nuevamente a una lucha que es justa y que no vamos a abandonar”, dijo entonces Gervasio Muñoz, líder de Agrupados Inquilinos.

Hasta finales de junio de 2020, antes de la aprobación de la Ley de Arrendamientos (27.551), el precio se definía a la firma del contrato y este monto total se dividía por el período de arrendamiento de 24 meses y generalmente se pactaba con aumentos semestrales.

Otro cambio en las regulaciones fue que el aviso de un mes y el depósito que deben pagar los inquilinos no deben ser más del equivalente a un mes de alquiler. Mientras tanto, la duración mínima del contrato se ha ampliado de dos a tres años.