El déficit fiscal del sector público nacional (SPN) cayó 39 por ciento en mayo respecto al año pasado, alcanzando un total de 247.651 millones de pesos. En lo que va del año, el déficit acumulado es de 1,3 billones de pesos. De esta forma, no se cumpliría el objetivo fiscal fijado con el Fondo Monetario Internacional para el segundo trimestre, pues el gobierno ya lo supera en 83 millones.
Según el Análisis Mensual de Ingresos, Gastos y Desempeño del Sector Público Nacional del Centro de Economía Política (CEPA), la razón principal de este movimiento en las cuentas fiscales es una caída en los ingresos en términos reales, combinada con una reducción en el gasto que no es suficiente para compensar la caída. El gasto total el mes pasado fue de 2,5 billones de pesos, un 7,5 por ciento menos en términos reales. Por su parte, los ingresos alcanzaron los 2,3 billones, es decir, cayeron un 4,4 por ciento en términos reales.
Un factor importante que influyó en la selección fue la reducción de los derechos de exportación, que a la fecha se han reducido en 670 millones de pesos, según estimaciones presupuestarias. Esta caída se atribuye principalmente a dos factores: la sequía y la insuficiente disponibilidad de dólares provenientes de la venta de productos de soya. Los derechos de importación también cayeron (-2,1 por ciento) debido a la escasez de dólares provocada por la sequía de este año.
Por el contrario, otras fuentes asociadas a la actividad económica y los salarios, que tienen un mayor peso en la selección, mostraron un crecimiento real positivo: el IVA aumentó en 14,8 por ciento, los gravámenes y seguros sociales propios en 2,2 por ciento, y el impuesto sobre la renta. Los débitos y créditos aumentaron un 12,4 por ciento. Esto demuestra que la actividad económica aún no se ha visto completamente afectada por la falta de dólares. Excluyendo los impuestos relacionados con el comercio exterior, la recaudación de impuestos habría experimentado un crecimiento real de 0,3 por ciento.
Por su parte, el gasto total del SPN registró una disminución real de 7,5 por ciento. Esta aceleración se debe principalmente a una importante disminución del gasto en prestaciones y cotizaciones sociales (-20 por ciento) y transferencias a las provincias (-29 por ciento). La caída de las prestaciones sociales se explica por la naturaleza del actual patrón de movilidad, que prevé aumentos en función de la recaudación y el crecimiento de los salarios. En el transcurso del año, sin embargo, dicha disminución fue compensada con bonificaciones otorgadas por un monto fijo. Es importante destacar que la disminución de los pagos fue menor que en meses anteriores, gracias al aumento de los gastos relacionados con los subsidios energéticos (+26 por ciento). En meses anteriores, la reducción fue de 16 por ciento en febrero, 75 por ciento en marzo y 6 por ciento en abril.
El gasto de capital a través de obras públicas continúa a buen ritmo. Las obras relacionadas con infraestructura energética (+451 por ciento real) y educación (+14 por ciento real) registraron el mayor concepto, donde el Gasoducto de Néstor Kirchner es la obra más relevante.
Con estos resultados, la dinámica de ingresos y gastos en 2023 se volvió muy complicada y las dos primeras metas fiscales con el FMI no se cumplieron de acuerdo con los parámetros actualmente vigentes. El ministro de Economía, Sergio Massa, dijo durante una presentación a empresarios de la construcción que “se está tratando de concretar la negociación el próximo semestre o dos trimestres con el FMI y en las próximas horas el programa con el organismo.
Con base en las declaraciones del propio ministro e incluso los comentarios del FMI en la cuarta revisión del acuerdo, existe una fuerte posibilidad de que la meta fiscal de marzo y junio se ajuste durante la próxima revisión. Si esto no sucede, el gobierno debería solicitar otra exención para este criterio de desempeño (recuerde que ya solicitará una exención para el objetivo de reserva de divisas).
Gran parte del incumplimiento de las metas fiscales se debe a los efectos de la sequía en la recaudación de los impuestos relacionados con el comercio exterior, pero también de los impuestos relacionados con la actividad económica. Al mismo tiempo, es posible notar el compromiso del gobierno de reducir gastos a través de la segmentación tarifaria. Estos dos temas pueden ayudar al gobierno a evitar la necesidad de solicitar amnistía fiscal y reformar las metas.
