No está claro de donde vienen los fondos que selecciona Santiago Maratea para saldar la deuda externa del Club Atlético Independiente y quedarse con parte de lo recaudado. Las inspecciones que debería estar realizando la IGJ de CABA no se están dando porque “Confíe en Maratea Red Gogo” fue registrado en la provincia de Neuquén, que es una jurisdicción “más laxa” o sin control. Los fideicomisos de privado a privado son en sí mismos instrumentos legales completamente discrecionales que necesitan ser monitoreados. Actualmente se encuentra suspendida la recaudación de unos 800 millones de pesos para protección del hincha y del club. Cuando la limosna es mucha, ni siquiera un santo confía.
“Los países deben tomar medidas para prevenir el uso indebido de personas jurídicas para el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Deben asegurarse de que haya información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas”, recomienda el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental que ayuda al lavado de dinero. Cuando se registra un fideicomiso o cualquier otra entidad comercial va «jurisdicción opaca» la motivación de esta elección es la búsqueda del fraude, aunque se habla públicamente de una mayor sencillez o agilidad en los «paraísos fiscales».
El procedimiento para registrar un fideicomiso de Maratea es, en otra escala, el mismo procedimiento para registrar empresas en paraísos fiscales para eludir las regulaciones fiscales. En el caso de Maratea, la inscripción se hizo en Neuquén Si bien el fideicomiso no se celebró allí, no se refiere a bienes ubicados en dicha provincia ni a la residencia de sus constituyentes en Nequén.
Aunque Maratea instaló una «dirección especial» en esa ciudad para «agilizar» el registro. Neuquén está «opaco» porque desde 2016 «deja a la cabeza el Registro Público de Comercio» Colegio de Notarios de esta provincia y no al Gobierno y dicha entidad no está autorizado por la ley para supervisar o sancionar contrato de fideicomiso privado”, explica la abogada María Eugenia Marano, especialista en impuestos.
“Algo similar sucedió en CABA durante la administración del macrismo cuando el registro público estaba en manos Facultad de Derecho y entonces era imposible hacer ningún tipo de revisión sobre las entidades comerciales creadas. curioso que Algunas industrias celebran la ausencia de seguridad jurídica sociedad», explica Marano.
Los órganos de control (como IGJ, AFIP, UIF, CNV, etc.) verifican la legalidad del contenido de los contratos, pues muchas veces se crean empresas, fideicomisos, etc. como herramientas fraudulentas o de simulación para ocultar bienes, actividades o actuar ofensivamente a expensas de las personas más vulnerables. Actualmente, el Registro Público de Comercio ha vuelto a la jurisdicción de la IGJ CABA, quien archivó la causa contra Maratea. Ahora el juez debe decidir si la IGJ tiene competencia para solicitar la intervención.
en diálogo con Pagina 12Marano dice que en Argentina, según el artículo 141 de la constitución nacional, la IGJ de cada jurisdicción organiza sus propios registros públicoslo que significa que los respectivos cumplimientos son totalmente dejado a la interpretación cada provincia y esto lleva a casos como el de Maratea donde las partes buscan laxitud de la jurisdicción o nula revisión.
Además, aclara que el caso específico de los fideicomisos como personas jurídicas quedó en gran parte inconcluso en la reforma de 2015 al Código Civil y Comercial. «Sin controles adecuados los fideicomisos han demostrado ser un arma secreta la opción para los abusadores de impuestos, los lavadores de dinero, los funcionarios corruptos y los oligarcas que evitan las sanciones”, según el trabajo reciente de Tax Justice Network sobre fideicomisos.
Volveré al caso local. La organización que dirige Ricardo Nissen cuestiona que el contrato del “Fideicomiso Maratea Rojo Gogo” no haya sido debidamente registrado y esto deja desprotegidos los bienes del fideicomiso porque “acreedores personales Sr. Santiago Maratey puede confiscar fondos recauda en una cuenta única designada para tal efecto”, refiriéndose a la cuenta de Mercado Pago, que es una entidad comercial y no financiera registrada ante la IGJ.
Aquí está interés que el dinero retirado aumentos que no se sabe en qué cuenta están registrados. Y por otro lado, también condena los “costos y honorarios proyectados excesivos del fideicomiso y el beneficio pretendido del fideicomisario”, los $35,000 mensuales que recibirá Maratea durante seis meses.
Verónica GrondonaInvestigador del CCC y exdirector de tributación internacional de la AFIP, advierte que solo hay uno a nivel nacional Registro de beneficiarios finales empresas y fideicomisos, que es uno de los mejores a nivel internacional y que está en la órbita de la AFIP. Esto tiene sus pros y sus contras para la administración pública, siendo estos últimos que los datos están protegidos por el “secreto fiscal” tal como se define en el artículo 101 de la Ley de Administración Tributaria, por lo que no son accesibles a otros órganos de control del gobierno.
A fines del año pasado, UIF y otras organizaciones redactaron un proyecto de ley sobre la supresión del secreto fiscal, con lo que los diputados trataron el agregado de que el registro ir directamente a la UIF aumentando así su disponibilidad. La Cámara de Senadores aún no se ha pronunciado. Esto permitiría comparar lo que reportaron las personas jurídicas con el registro público, por ejemplo si figura como destinatario de la recaudación alguien que no sea el Club Independiente.
En este punto, Maratea está lejos de ser sólo un personas influyentes lleno de buenas intenciones con su equipo abogados, notarios y contadores también trabajan para evitar las auditorías fiscales. Es extraño porque de joven podrías pensar que estos vicios son menores. Ni siquiera Maratea es víctima de un país hipercomplejo en cuanto a regulaciones comerciales, sino todo lo contrario. El caso es emblemático a su manera y el juego está por verse.
