Con el caso YPF aún fresco, Argentina recibió este miércoles una nueva decisión desfavorable de la justicia internacional. Esta vez por la High Court de Londres, que decidió que el país debe pagar 1.330 millones de euros por incumplimiento de bonos vinculados al crecimiento económico emitidos en los canjes de deuda de 2005 y 2010, famosos «Cupones PIB». Esta es una interpretación técnica de la cláusula del contrato, pero no acusan al estado de actuar de mala fe. Argentina apelará el fallo.
En enero de 2005 y abril de 2010, la República lanzó canjes voluntarios de deuda, que juntos representaron la mayor reestructuración de la deuda nacional en la historia. Entre los bonos ofrecidos por el canje había muchos con pagos vinculados a la evolución del PIB. El fondos buitre Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP, Virtual Emerald International Limited y Hirsh Group LLC Exigen el pago de uno de estos bonos, que según la legislación inglesa tienen vigencia hasta 2035.
Específicamente reclaman para 2013 porque afirman que la tasa de crecimiento de 2,96 por ciento verificada por el INDEC para ese año, que no supera el 3,2 por ciento que desencadenaría el pago, es mal calculado. Se enfocan en el año 2013, porque desde entonces Argentina ha ajustado el año base de 1993 a 2004, en base a la recomendación de organismos internacionales de cambiar el año base para el cálculo estadístico cada diez años.
Según los demandantes y ahora un tribunal del Reino Unido, este cambio afectó las cifras de crecimiento iniciales que desencadenaron el pago del cupón anual. Según el contrato, Argentina tenía que crecer más del 4 por ciento en los primeros años para desencadenar el pago. A partir de 2013, tenía que crecer más del 3,2 por ciento, y de 2015 a 2035, Argentina debe pagar si el crecimiento del PIB supera el 3 por ciento. Para los buitres, estos números tuvieron que cambiarse de acuerdo con los mismos criterios del año base.
El poder judicial británico dio a los buitres el derecho de interpretar la cláusula del contrato, aunque no condujo a la alegación de que Argentina hizo este cálculo de mala fe: «He concluido que no es necesario examinar este caso alternativo (es decir, Argentina cambió el año base para no pagar el cupón) pero que no sería deseable dada la gravedad de las alegaciones involucradas y, que estos las acusaciones se dirigen contra un estado soberano. Por tanto, no diré nada más sobre este supuesto alternativo”, dice el juez en su sentencia. Los detalles no son mejores dadas las implicaciones políticas y criminales de un juez de Londres que acusa a exfuncionarios del gobierno de manipular estadísticas para evitar pagar una deuda.
El país explica que el año base se cambió en 2014 por un criterio estrictamente estadístico -los organismos internacionales recomiendan que se cambie cada diez años, y ya han pasado veinte años de 1993 a 2013- y precisa que no existe obligación en ningún lugar del tratado de continuar el cómputo del año base anterior para mantener la serie hasta 2035.
El juez Simon Picken de un tribunal de Londres aceptó la interpretación de los demandantes sobre cómo debe aplicarse la cláusula de ajuste y ordenó el pago de 1.330 millones de euros, que deben actualizarse al Euribor más un 2 por ciento, una tasa muy inferior a la que argumentaron los fiscales. . El Estado argentino apela.
alerta de buitre
Los demandantes en la corte del Reino Unido son fondos Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP, Virtual Emerald International Limited y Grupo Hirsh LLC. Todos están ubicados en paraísos fiscales: los tres primeros en Islas Caimán y el Grupo Hirsh en Delaware en Estados Unidos. HBK es uno de los cuarenta fondos privados más grandes del mundo con activos que superan los 20.000 millones de dólares. Debido a su presentación, que no requiere regulación alguna, no se tiene información sobre su cartera de inversiones ni antecedentes en juicios similares. Posee alrededor del 48 por ciento de los valores vinculados al euro emitidos por Argentina entre 2005 y 2010.
El juicio comenzó a fines de octubre de 2022 en Londres. Entre los conmemorativos de la república se encuentran ex funcionarios activos en el período. En la sentencia, el juez Pickens destaca especialmente la participación de Guillermo Nielsen, Ministro de Hacienda entre mayo de 2003 y noviembre de 2005; y Sebastián Katz, Viceministro de Economía en el período. Calificó a ambos testigos de «impresionantes» y aseguró que «no tiene ninguna duda de que hicieron todo lo que estuvo a su alcance para ayudar a la corte. Por parte de los fondos buitre, su único testigo fáctico fue Fausto Spotorno, economista jefe de Orlando J. Ferreres». & Asociados («OJF»).
El país enfrenta otra demanda en tribunales de Nueva York para pagar el cupón del PIB, iniciada en 2019 por Aurelius Capital, uno de los buitres que ganó una demanda contra el país derivada del default en 2001. Cuatro fondos han sumado a esto más de piden un total de unos 411 millones de dólares por el mismo motivo. El juicio está a cargo de la jueza Loretta Preska, quien desde 2017 reemplaza a la figura que se hizo famosa en Argentina en las temporadas anteriores de esta longeva serie con fondos buitre, Thomas Gries. Todavía se encuentra en la etapa de descubrimiento o presentación de pruebas y argumentos.
