No había licencias ni descanso de fin de semana. Las discusiones, intercambios de opiniones y evaluación de propuestas continuaron este sábado entre funcionarios argentinos acreditados ante el Fondo y miembros del cuerpo técnico de la organización. Los técnicos estarán lejos de tener la última palabra, pero tal vez más que nunca estarán sujetos a decisiones políticas tomadas unos cuantos escalones en la jerarquía. El caso argentino ya va más allá de las valoraciones clásicas de «logro de metas» y se adentra en otro tipo de consideraciones. ¿Estaría el FMI dispuesto a «soltar» al gobierno y provocar una posible crisis por los desequilibrios financieros y cambiarios, como cuestionan destacados representantes de los dos sectores que luchan por Juntos por el Cambio? ¿Querrán esperar a que STEP mida el desempeño de Massa para dar respuestas más concretas y permanentes al pedido de revisión de metas? ¿O decidirán una salida temporal, posponiendo definiciones más importantes por, digamos, treinta días?
En el Palacio de Hacienda, y en las oficinas oficiales en general, siguen confiando en que las próximas horas traigan alguna respuesta satisfactoria, sin desconocer la dureza de las negociaciones. Este sábado, el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente Agustín Rossi debía transmitir el sentir del gobierno encargado.
Señaló que las recomendaciones del organismo de crédito se emiten sobre la base de una “economía ideal”, mientras que el gobierno nacional debe “controlar la economía real”, crítica que bordea los argumentos políticos expresados por otros mandatarios de la región y de distintas latitudes, respecto a la falta de rendición de cuentas expuesta reiteradamente por el FMI con los supuestos programas de estabilización que finalmente sumieron al endeudado país en una grave crisis económica y social.
«Hay una manera fácil de llegar a un acuerdo con el FMI: aceptar lo que nos pide. Si hoy se retrasa el acuerdo es porque nuestros negociadores van a defender los intereses del pueblo argentino», dijo Rossi en declaraciones a AM750.
Argentina tiene mucha experiencia con las consecuencias negativas de los acuerdos de fondos, y este nuevo episodio parece no ser diferente. El actual gobierno heredó un compromiso con el FMI del gobierno anterior, que, intencionalmente o no, se volvió incumplible a partir de 2021. Pretendía “pagar” la deuda total, unos 46.000 millones de dólares, en tres años, 2021, 2022 y 2023, más intereses.
El nuevo acuerdo de facilidades ampliadas, que no cancela el anterior (Stand By de 2018) sino que lo absorbe, fija nuevos plazos de pago (ampliados hasta 2034) pero también asume la obligación de cumplir obligaciones y alcanzar metas que encadenan la economía, supuestamente con el objetivo de “fortalecer las reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal”. La fórmula que aplica el FMI a Argentina, Egipto, Ucrania, Grecia o cualquier otro país deudor, ya sea un régimen tribal en África o un territorio devastado por los bombardeos.
Cumpliendo estrictamente los objetivos antes de que el impacto total de la sequía comenzara a mostrarse en las cuentas públicas, la economía argentina no solo no llegó a «acumular», sino que también los vio desperdiciados. Entre otras cosas, porque el programa de fondos dejó en pie el modelo de financiarización que convirtió la fuga de divisas en el negocio más atractivo para los responsables de una economía altamente concentrada. Más aún en una economía inflacionaria, que se encarga de hacer más regresiva (y concentrada) la redistribución del ingreso.
Y luego vino la sequía. Este es el argumento que el Gobierno puso encima de la mesa para intentar dar a conocer el Fondo, es decir, para que accedieran a ajustar los objetivos. Aún no estoy seguro de los resultados.
Según funcionarios argentinos, todavía hay voces en el FMI que insisten en una vieja y conocida receta: una megadevaluación para obtener más divisas y recortes de impuestos para eliminar la necesidad de una emisión de divisas. Como alternativa a esta política de choque, el gobierno respondió proponiendo la introducción de un tipo de cambio diferencial de un mes para las industrias agrícolas de exportación y alguna forma de extensión de impuestos sobre ciertos tipos de importaciones no esenciales que actuaría como una especie de «devaluación limitada».
Incluso se especuló que estas medidas podrían implementarse antes de que se firmara el acuerdo como un gesto de acercamiento. Juan José Bahillo, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, abrió la puerta esperando un anuncio inminente y señaló el viernes que «debe haber definición y certeza el fin de semana» en temas de tipo de cambio para la agricultura.
Será otra vigilia dominical.
